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CCOO intentará llevar al Constitucional la no actualización de las pensiones

El sindicato entiende que es una medida que afecta retroactivamente a un derecho individual, algo que iría contra el artículo 9 de la Constitución

Comisiones Obreras comienza su ofensiva contra la decisión del Gobierno de revalorizar las pensiones por debajo del IPC. Después de estudiar el texto del Real Decreto-Ley publicado el sábado, han llegado a la conclusión de que va contra los preceptos constitucionales. Por eso, acudirán de manera "inmediata" a la Defensora del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad.

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El sindicato tiene claro que, por el momento en el que se ha producido la decisión del Gobierno, se va contra un derecho de forma retroactiva, algo prohibido por la Constitución. Lo explica Carlos Bravo, el Secretario de Seguridad Social y Previsión Social de CCOO: "La Ley General de la Seguridad Social establece el derecho de los pensionistas a una revalorización que se divide en dos partes: una primera parte se entrega a principios de año, con la previsión de inflación, y la segunda parte se regulariza cuando se conoce el IPC a 30 de noviembre".

"Es un derecho por tanto que se empieza a generar desde principio de año", argumenta. Así, cuando se conoce el dato del IPC de noviembre, del 2,9%, "una vez que se ha perfeccionado el derecho, que se ha acreditado el derecho de todos los pensionistas a cobrar una pensión que aumente un 2,9%, el Gobierno decide invalidarlo. Eso, en nuestra opinión, entra en contradicción con el artículo 9.3 de la Constitución Española, que declara el principio de irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales".

Acudirán a la Defensora del Pueblo

Comisiones Obreras acudirá ante la Defensora del Pueblo "de manera inmediata" para pedirle que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno. Confían en que la Defensora, que ha rechazado ya dos veces tramitar iniciativas de los sindicatos (contra la reforma laboral y contra los recortes a los funcionarios) esta vez sí que lo presente. Dice Bravo que la propia Defensora utilizó argumentos similares cuando reprochó al Gobierno parte de su decisión de quitar la paga de Navidad a los empleados públicos, así que "si es coherente con su propia argumentación, debe estimar la petición que estamos haciendo".

Preguntado sobre por qué no tomaron una iniciativa similar con la congelación de las pensiones de 2011 decidida por el Gobierno socialista, el Secretario de Seguridad Social de CCOO asegura que entonces no era posible porque el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero suspendió la ley antes de que se generase el derecho, por lo que no podía alegarse retroactividad. "En el año 2010 se suspendió la ley para 2011, y por tanto no podríamos utilizar este argumento. En aquel momento nos opusimos a esa medida; en este momento, además de oponernos a la medida, entendemos que el Gobierno vulnera la Constitución porque lo hace a posteriori, cuando el derecho ya está generado, no suspendiéndolo anticipadamente, como ocurrió en el caso anterior".

"Me interesa mucho resaltar que las dos medidas merecen el mismo reproche por nuestra parte; lo que ocurre es que, tal y como se han adoptado la una y la otra, la forma de oponernos a las mismas es distinta. En esta ocasión hay una vulneración aún más flagrante, porque el derecho ya está acreditado de manera completa", concluye Bravo.

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