Los países europeos chocan por el poder otorgado al BCE en la supervisión bancaria

Los ministros de Economía de la Unión Europea aseguran que un acuerdo sobre el supervisor bancario es posible, pese a que mantienen diferencias sobre aspectos clave, como el tamaño de los bancos que vigilará directamente el Banco Central Europeo (BCE) o el sistema de toma de decisiones.

Los Veintisiete, reunidos en un Consejo extraordinario del Ecofin, negocian en base a un texto de compromiso presentado por la presidencia chipriota de turno, que establece que el BCE solo supervisará directamente a bancos cuyos activos superan los 30.000 millones de euros o el 20 % del PIB del Estado miembro participante. Además, Fráncfort se encargaría de supervisar a las entidades que tengan filiales en al menos dos otros países participantes -una propuesta que el BCE no ve necesaria- y siempre controlaría un mínimo de dos entidades en cada Estado miembro.

Mientras, los supervisores nacionales se dedicarían a los bancos "menos significativos", que se definirán por su tamaño, la importancia que suponen para la economía de la UE o cualquier Estado miembro y la significancia de sus actividades transfronterizas. No obstante, el BCE podría en cualquier momento ejercer directamente la supervisión.

Durante el debate público del Ecofin, que se ha suspendido momentáneamente para elaborar nuevos compromisos y mantener reuniones bilaterales, la mayoría de los países se han mostrado dispuestos a considerar el umbral de 30.000 millones, incluidas España y Francia, que siempre han abogado por que el BCE supervise a todas las entidades, también a las más pequeñas. Solo Dinamarca abogó por el límite propuesto por el BCE, que es de 40.000 millones de euros.

Alemania -preocupada por sus bancos regionales- reiteró que Fráncfort no puede supervisar a todas las 6.000 entidades de la eurozona y que solo debe tener el poder de hacerse cargo de casos individuales, bajo criterios definidos y flexibles. Otro problema es la necesidad de erigir una "muralla china", como la denominó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, para separar la política monetaria de la tarea de supervisión del BCE, a fin de no comprometer la independencia de la institución. Para ello, el ministro alemán abogó por un cambio limitado del Tratado, pero reconoció que esto no será posible a corto plazo, por lo que se debe encontrar una solución interina. También pidió que se deje de mencionar a la recapitalización directa, porque "siempre crea falsas expectativas", cuando el supervisor no va a estar en funcionamiento el 1 de enero.

La aplicación por fases de la supervisión del BCE también plantea dificultades. En el texto presentado por Chipre se establece el 1 de abril de 2014 como fecha límite para que la entidad asuma todas sus labores, algo que el ministro español de Economía, Luis de Guindos, no quiere aceptar. "Defendemos fuertemente enero 2014 como fecha límite", señaló el ministro español en su intervención. Por otro lado, todavía hay dos grupos que defienden diferentes sistemas de votación en la Autoridad Bancaria Europea (ABE), organismo que seguirá definiendo los estándares técnicos para la supervisión bancaria de la UE y que toma sus decisiones por mayoría cualificada. La propuesta chipriota plantea dos opciones: mantener el actual sistema, opción que defiende España, o establecer una mayoría cualificada, compuesta a su vez por una mayoría simple de los países participantes y una mayoría simple de los países que no participarán en el supervisor. Esta última opción garantizaría a Reino Unido que no quedara en minoría, y varios Estados miembros se mostraron dispuestos a aceptarla.