Las 36 familias de la Corrala Utopía seguirán sin luz ni agua en el edificio de San Lázaro

Ayuntamiento de Sevilla e Ibercaja se han presentado en la reunión sin terminar los deberes que prometieron para que estas familias, al menos, pudieran tener luz y agua en el edificio mientras continúan las negociaciones. El Defensor del Pueblo, como los vecinos y la Junta, es partidario de que se queden en estas viviendas pagando un alquiler social, pero la entidad bancaria sigue prefiriendo otorgarles una ayuda durante seis meses para que alquilen otros inmuebles.

Los vecinos van a retomar las movilizaciones, paralizadas desde hace dos semanas tras el primer encuentro a cinco bandas. Entienden que el Ayuntamiento de Sevilla e Ibercaja no tienen otra intención que dejar pasar el tiempo haciendo el "paripé" mientras se agotan los tres meses que las partes se dieron de plazo para acordar una salida digna para estas 36 familias desahuciadas que ocuparon este edificio de San Lázaro, que estaba vacío y ahora es propiedad de Ibercaja.

Al término de la reunión, que se ha celebrado este miércoles en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz, Irma, portavoz de los vecinos, ha informado a las familias de que el encuentro había concluido "sin avances".

"El Ayuntamiento no ha iniciado los informes sociales de las familias ni ha terminado los trámites para otorgar la licencia de primera ocupación, como se comprometió para hoy", lamentaba. Añadía que, por su parte, la propietaria, Ibercaja, "tampoco se compromete firmemente a pedir los suministros de luz y agua una vez estos informes estén listos, ni ha solicitado una reunión con la Junta para abordar el asunto de forma bilateral", como también prometió.

Los vecinos de la Corrala Utopía continuarán, por tanto, sin luz ni agua en sus viviendas de forma indefinida. "Nos sabe peor por los niños, porque es Navidad", lamentaba uno de los vecinos allí concentrados.

Menos pesimista es el Defensor del Pueblo, que media entre las partes y se ha comprometido a agilizar los informes sobre la situación social de estas familias, que requiere la entidad bancaria.

José Chamizo es partidario, como los vecinos y la Junta, de que estas familias puedan quedarse en estas viviendas pagando un alquiler social. El Defensor propone que este alquiler se pague al banco, o bien a la Junta, "si fuese posible que ésta adquiriese el inmueble a un precio razonable".