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Pasos para frenar a Mas

Las posibles acciones jurídicas y constitucionales que se pueden poner en marcha ante el anuncio de una consulta soberanista son muy complejas y pueden prolongarse durante mucho tiempo, según varios juristas consultados por la SER

La Carta Magna consagra la indisolubilidad de España en su artículo número 2 aunque deja abierta la posibilidad de una reforma a través de un proceloso itinerario: la aprobación por 2/3 de los votos en el Congreso y el Senado; la disolución de las Cámaras; la ratificación del acuerdo por los nuevos parlamentarios y la convocatoria después de un referéndum nacional que avale el proceso.

El líder de CiU, Artur Mas, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han escenificado este miércoles en un acto solemne en el Parlament la firma del acuerdo de gobernabilidad y estabilidad parlamentaria en Cataluña / REUTERS

Artur Mas y Oriol Jonqueras firman el acuerdo que permitirá a CiU formar gobierno. CiU y ERC escenifican su acuerdo de gobernabilidad. Artur Mas se garantiza dos años de apoyo a cambio del compromiso de celebrar un referéndum y la aplicación de nuevos impuestos. El Gobierno dice que la consulta es ilegal y hay medios para impedirla. / ATLAS

Esta escena solo se podría representar reformando el artículo 2 y el 92, que prevé que todos los españoles, para las cuestiones trascendentes, sean llamados a un referéndum. Sin embargo, el Parlamento catalán solo quiere que ejerzan ese derecho los catalanes (previsto en la Ley 4/2010 del Parlamento de Cataluña, de consultas populares por vía de referéndum), y la Constitución no contempla que sea consultada solo una parte de la población con derecho a voto.

Caso Ibarretxe

El procedimiento a seguir consistiría en que el Gobierno impugne la convocatoria de una consulta por la autodeterminación , que sería previsiblemente suspendida por el Tribunal Constitucional ya que la potestad para convocar un referéndum consultivo recae sobre el Gobierno central. Como sucedió en 2008 con el referendum convocado por Ibarretxe cuando el Alto tribunal lo declaro inconstitucional por invadir competencias exclusivas del Estado.

La Generalitat, por su parte, podría buscar el amparo en la esfera internacional, acogiéndose al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que España firmó en 1976 y que contempla "el derecho de libre determinación".

Vía penal: La desobediencia

Si el Gobierno catalán mantiene la consulta, la acusación del Gobierno se dirigiría contra Mas por la via penal para pedir la inhabilitación por un posible delito de desobediencia de una resolución judicial, sancionado con multa e inhabilitación en el artículo 410 del Código Penal. Este artículo castiga a "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales".

Suistituir al president

Y si la consulta soberanista persiste, el gobierno podría aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé que el Ejecutivo ejercite la competencia que una comunidad no lleva a cabo de manera conveniente y que en este caso, sería para tomar la decisión de sustituir al presidente catalán.

El artículo 155. 1 dice, que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

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