El Gobierno endurece las medidas contra el fraude fiscal

MADRID

Las nuevas medidas de lucha y prevención contra el fraude fiscal incluyen penas de hasta cinco años de cárcel para aquellos que defrauden a la Seguridad Social, obtengan y utilicen subvenciones de forma fraudulenta o para las empresas que tengan trabajadores en situación irregular. Este nuevo paquete de medidas también incluye en el régimen de responsabilidad penal a los partidos políticos y sindicatos en delitos de fraude fiscal, del que hasta ahora estaban excluidos.

El Boletín Oficial del Estado publica este viernes la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, anunciada por el ejecutivo y que endurece las medidas y penas de cárcel en delitos de fraude contra Hacienda y la Seguridad Social. El cobro indebido de prestaciones por desempleo, la creación de empresas para defraudar o el empleo irregular serán delitos penados con hasta cinco años de cárcel. Las empresas o personas que defrauden a Hacienda más de 600.000 euros tendrán que afrontar penas de entre dos y seis años de prisión.

Seis años de cárcel para el empresario que defraude a la Seguridad Social

Los fraudes a la Seguridad Social estarán penados, a partir de ahora, con penas de cárcel que pueden llegar hasta los cinco y seis años. Beneficiarse irregularmente de reducciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional estará penado con una pena de hasta cinco años de prisión. Es una condena que podrá aumentar hasta seis años en el caso de empresas, ya que se considerará infracción grave obligar a los trabajadores con jornada reducida a trabajar a jornada completa y no comunicar datos a la Seguridad Social, y también no cotizar por los salarios de tramitación. La sanción será mayor cuanto mayor sea el número de trabajadores afectado.

El aumento de estas penas también trae consigo una ampliación de la prescripción de estos delitos fiscales: en los supuestos más graves, su prescripción legal pasará de cinco a diez años. También se extiende de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.

Cinco años de cárcel por defraudar en subvenciones

Cobrar el paro de manera fraudulenta o recibir subvenciones de más de 120.000 euros de forma irregular también acarreará penas de hasta cinco años de cárcel. Utilizar una subvención para unos fines distintos de los que fue otorgada también será considerado como un supuesto de fraude fiscal.

Este endurecimiento de las penas de prisión por fraude fiscal también trae consigo un aumento de las multas aplicadas: si el delito incluye una pena de más de dos años de cárcel, el defraudador tendrá que pagar el doble de lo defraudado. Si esta pena es de más de cinco años, la multa ascenderá al cuádruple de esta cantidad.

Partidos políticos y sindicatos tendrán responsabilidad penal

Otra de las novedades introducidas en esta nueva Ley Orgánica, que entrará en vigor veinte días después de su publicación, incluye la inclusión de partidos políticos y sindicatos dentro del régimen de responsabilidad penal en casos de fraude fiscal. De esta manera, partidos y sindicatos tendrán que responder por las actuaciones ilícitas desarrolladas por sus miembros en su beneficio. Con esto, el ejecutivo busca superar lo que define como la "percepción de impunidad" de la que gozaban estos dos actores de la vida política.