Cadena SER

Emisoras

Buscador de emisoras

Ir

Selecciona tu emisora

Internacional

Amanda Dávila: "Vamos a pagar correcta y justamente el precio de la empresa"

Dávila ha dicho que llevar a cabo esta expropiación es una "decisión política"

La ministra de comunicación de Bolivia se ha referido en los micrófonos de la SER a la expropiación de cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia y ha querido tranquilizar a las empresas españolas y europeas ya que este movimiento se ha hecho, según ha dicho, al tratarse de un sector estratégico.

Amanda Dávila ha evitado responder de manera clara sobre si el Gobierno español conocía las intenciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, que visitó nuestro país y se reunió con Mariano Rajoy a primeros de este mes de diciembre.

"Vamos a iniciar un diálogo franco con las empresas que están involucradas", ha dicho Dávila que ha remarcado en que quieren pagar "de manera justa a través de una auditoría y una evaluación independiente" para "resarcir las inversiones que se han hecho". "Vamos a pagar correcta y justamente el precio de la empresa", ha sentenciado.

"La energía eléctrica así como el agua están contempladas en la Constitución política del Estado como servicios que tienen que ver con derechos fundamentales", ha explicado Dávila que ha insistido en que no deben preocuparse otras empresas españolas o europeas ya que esta es una "decisión política" al tratarse de un sector estratégico y que "se pagará hasta el último centavo".

Según las palabras de la ministra de comunicación, durante mucho tiempo diversas asociaciones, comunidades y pueblos habían reclamado a su gobierno solucionar "el problema con la energía eléctrica" ya que su ejecutivo considera "que las tarifas que en este momento están vigente son en exceso elevadas y no tienen ninguna relación con las tarifas vigentes en las ciudades". Para Dávila, estas tarifas "gravan enormemente la economía familiar de poblaciones pobres".

Esta es la razón que el gobierno de Morales ha ofrecido para justificar su decisión aunque la oposición lo considera una cortina de humo para tapar casos de corrupción. Algo que la ministra considera "completamente innecesario cuando el gobierno está cerrando diciembre con una aprobación del 55%".