El juez investiga préstamos sospechosos de Caja Castilla La Mancha por 267 millones
El magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, pide las actas de las reuniones en las que se aprobaron créditos "en condiciones ventajosas" para varios de los antiguos reyes del ladrillo entre 2007 y 2008
El juez reactiva así la causa abierta en diciembre de 2010 contra el expresidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, y el exdirector general, Ildefonso Ortega, por supuestos delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable
Más información
- Cinco razones para intervenir CCM
- Blesa y Hernández Moltó comparecen en el Congreso a finales de mes
- La mayor fuga de depósitos de CCM se produjo desde la dimisión de altos cargos del PP
- El Banco de España decide intervenir CCM por sus problemas financieros
- Solbes atribuye los problemas de Caja Castilla La Mancha a una "gestión inadecuada"
- Detenen per estafa als responsables d'una fundació de disminuïts
- Ocho bancos bajo la lupa de la Audiencia Nacional
- Ruz imputa a la Comisión Ejecutiva de Caja Castilla la Mancha
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz reclama esta documentación tras el informe encargado al Banco de España, que detectó irregularidades en 20 operaciones de crédito realizadas por Caja Castilla Mancha antes de su intervención hace tres años, que habrían causado un agujero para la entidad de 267 millones de euros. Según el informe, la caja concedió créditos en "condiciones ventajosas" a varios de los antiguos reyes del ladrillo incumpliendo la "normativa bancaria y mercantil".
Los créditos fueron concedidos a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.
Las actas de los años 2007 y 2008 en las que se aprobaron estos créditos sospechosos deberán estar sobre la mesa del juez en 15 días. Pablo Ruz reactiva así la causa abierta hace dos años contra el expresidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y el exdirector general de la entidad, Ildefonso Ortega, por supuestos delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable. Una querella presentada por el PP provocó el inicio de las actuaciones.
Caja Castilla La Mancha fue la primera de España en ser intervenida. El Gobierno aprobó su rescate el 29 de marzo de 2009 con un aval de 9.000 millones de euros.
