El 'caso Güemes' reabre el debate sobre las incompatibilidades tras salir del sector público

Madrid

La adjudicación del servicio de análisis médicos de seis hospitales madrileños a la empresa de la que es consejero Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pone en evidencia el conflicto de intereses entre lo público y lo privado. La noticia adelantada por la Cadena SER ha provocado una cascada de reacciones en el sector político. Algunas partidos de la oposición en Madrid ya han reclamado un endurecimiento de la legislación sobre incompatibilidades.

La legislación sobre incompatibilidades, en vigor para los cargos y funcionarios al servicio de la Administración del Estado y Organismos Públicos, establece que quien ocupa ciertos cargos no pueda contratar con empresas privadas relacionadas con su cargo en un periodo de dos años tras el cese. El hecho de haber cobrado de los Presupuestos Generales del Estado o las Autonomías, haber gestionado dichos presupuestos y contratar con el sector privado desde la administración les inhabilita durante ese periodo de tiempo.

El objetivo es evitar que un cargo público se beneficie de su condición de para, en su trabajo privado, captar clientes o darles un trato preferencial frente a la Administración. Según la última modificación sobre Incompatibilidad de las cesantías con cualquier retribución pública o privada aprobada en Consejo de Ministros "se hace incompatible con cualquier otra retribución pública o privada la retribución compensatoria del 80 por 100 de sus retribuciones, durante un plazo de 24 mensualidades a la que tienen derecho cuando cesan, para determinados altos cargos, miembros del Gobierno, Secretarios de Estado, presidentes de las Cámaras y presidente y consejeros de organismos reguladores"

El coordinador de Izquierda Unida en Madrid ha solicitado endurecer la legislación sobre incompatibilidades tras conocer que la empresa de la que es consejero Juan José Güemes haya adquirido la gestión de los análisis clínicos que él mismo privatizó durante su etapa al frente de la Consejería de Sanidad de Madrid. A juicio de Eddy Sánchez, el hecho de que Güemes forme parte del consejo de administración de Unilabs, aunque ya se hayan cumplido los plazos de incompatibilidad legal, es "una cuestión que tanto ética como estéticamente deja mucho que desear" y demuestra "las verdaderas intenciones que hay tras la privatización de la sanidad".

Por su parte, Elena Valenciano también ha denunciado la "incompatibilidad ética" de Juan José Güemes. La vicesecretaria general del PSOE asegura en su cuenta de 'Facebook' que este hecho deja claro los motivos del PP para privatizar el sistema público sanitario. "El negocio es redondo y millonario, porque la concesión contempla la gestión de los análisis clínicos en un área de 1.200.000 habitantes a un precio de 16 euros para cada uno que pagará la Consejería de Sanidad".

Desde la comunidad del Madrid, el Gobierno central y el PP se echan balones fuera sobre el caso. Ignacio González, en declaraciones a TVE, argumenta que Güemes se incorporó a la empresa este verano y esto es "un concurso que viene de atrás". La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se ha limitado a decir que "desconoce el caso porque son decisiones de otra administración" y Cospedal simplemente ha contestado que "no sabía de lo que le estaban hablando".

Más críticos han sido esta mañana en el programa 'Hoy por Hoy' dos expertos en sanidad. El presidente de la Asociación de Economía de la Salud y profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva, denuncia la falta de leyes que garanticen la transparencia en el ámbito de la Sanidad y ha recordado que "Güemes ya avisó de que la Sanidad era un gran negocio". Desde la Federación de Asociaciones en defensa de la sanidad pública, su portavoz Marciano Sánchez Baile ha recalcado que estos "beneficios económicos explican el interés por privatizar la sanidad".