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Caos con las tasas judiciales y disuasión para las mujeres maltratadas, según las expertas

Primeras consecuencias de la implantación de la polémica ley de tasas judiciales

Tres semanas después de su entrada en vigor, la aplicación de la ley de tasas judiciales del ministro Gallardón está siendo caótica por la disparidad de criterios de los jueces. Además las víctimas de la violencia de género van a tener que seguir abonando estas tasas como mínimo durante los próximos seis meses y las cuantías van a disuadirles de salir definitivamente el infierno con su maltratador.

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Secretarias judiciales y abogadas de familia están comprobando las graves consecuencias del cobro de las tasas judiciales para un colectivo tan vulnerable como las mujeres maltratadas. Las vítimas tendrán que seguir pagándolas porque la ley de justicia gratuita, cuyo anteproyecto aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros y en el que quedan exentas, no entrarán en vigor como mínimo hasta dentro de seis meses. A la norma le queda todavía la aprobación definitiva y toda la tramitación parlamentaria.

La profesora de Derecho Civil y abogada de la asociación de juristas Themis Verónica del Carpio no disimula su indignación. Alerta de que esta traba frenará las demandas de divorcio y está convencida de que muchas víctimas seguirán con su agresor por motivos económicos. "Para una familia media, la demanda de divorcio puede suponer unos 1.800 euros y no todo el mundo los tiene, por no hablar de las demandas que pueden alcanzar los 10.000 euros que es el tope legal que marca la ley". Verónica del Carpio subraya que las tasas "van a retraer a muchas víctimas" y recuereda que las mujeres ganan "un 30 por ciento menos que los hombres, son ellas las que presentan el 80 por ciento de las demandas de separación y el que demanda paga".

La asociación de mujeres juristas Themis está preparando un recurso para presentarlo ante la Audiencia Nacional con el objetivo de intentar paralizar la ejecución de las tasas. Y hace además un llamamiento para que colectivos judiciales y sociales "inunden" de recursos la Audiencia Nacional.

Los operadores judiciales están comprobando también otra de las consecuencias de la ley de tasa: el caos y desorden en la aplicación. "LLevamos tres meses de tasas y la redacción de la ley es tan amplia e imprecisa que la disparidad de criterios entre los juzgados es muy importante. Hay diferentes interpretaciones y hay casos concretos en los que el juzgado alcanza un acuerdo interno y decide la exención de tasas mientras que otros juzgados valoran que hay tienen que pagarse y en cuantías diferenciadas". Es la denuncia de Abigail Fernández González, representante del Sindicato de Secretarios Judiciales, que está asombrada por la "inseguridad jurídica" que está provocando esta ley.

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