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España

El atasco de la corrupción

Hay decenas de casos con cerca de 300 imputados que afectan a los principales partidos que están atascados en los tribunales

Numerosos casos de supuesta corrupción política se eternizan en la fase de instrucción judicial y apenas existen sentencias que den por concluidos los procesos.

Solo cuatro políticos, tres del PP y uno de Unión Mallorquina, cumplen condena en prisión en la actualidad. Jueces y fiscales atribuyen la lentitud a la complejidad de las investigaciones, aunque también admiten que en algunos casos los políticos influyen para "amortiguar las pesquisas" de los órganos policiales encargados de corroborar las sospechas. Otros reconocen el 'papel estadista' de algunos jueces, a quienes les cuesta perseguir la corrupción política, y algunos jueces lamentan la "insuficiente y laxa legislación" contra la corrupción. En este sentido, recalcan que Gallardón no ha endurecido el Código Penal en su propuesta de reforma. Califican de "vergonzoso" que haya penas de prisión para un inmigrante por el "top-manta", y las condenas por la mayor parte de tipos de malversación o tráfico de influencias sean una simple multa. Piden dureza en las sanciones y órganos judiciales especializados para agilizar los casos. Los abogados, destacan otras fuentes, también aprovechan cualquier resorte legal para posponer estos procedimientos. Estos son solo algunos de los procesos paralizados o que avanzan con extraordinaria lentitud en los juzgados:

Caso Gürtel: caso de supuesta corrupción y presunta financiación ilegal del PP que se investiga en las comunidades de Castilla y León, Madrid y Valencia, y afecta tanto a diversos ayuntamientos como a los distintos gobiernos autonómicos. En 2009 se iniciaron las pesquisas y la investigación de la mayor parte de las piezas que conforman el caso acumula un notable retraso. Solo hay una sentencia, la que absolvió al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la conocida como "causa de los trajes". En todo este proceso, solo ha habido una condena: La del juez que inicio el caso, Baltasar Garzón, apartado de la carrera judicial por ordenar escuchas ilegales entre los implicados en la trama.

Caso Fabra: La justicia investiga desde hace nueve años al ya expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Nueve jueces y cuatro fiscales después, el caso aún está pendiente, desde hace más de medio año, de que el Tribunal Supremo atienda un recurso de la acusación para poder juzgarle.

Caso Palau: Las primeras denuncias de este caso de supuesta financiación ilegal de CiU se producen en 2002. Hoy el caso avanza con lentitud en los juzgados de Barcelona. El principal inculpado, Félix Millet, que confesó apropiación indebida y el pago de comisiones en negro, está en libertad tras una controvertida decisión judicial.

Caso Pretoria: iniciado por Baltasar Garzón hace ya cuatro años, este asunto de supuesta corrupción urbanística y financiación ilegal afecta a CiU y PSC. El caso está paralizado en la Audiencia Nacional.

Palma Arena: afecta al Partido Popular de Baleares y en fase de instrucción desde hace cinco años. Consta de más de 25 piezas separadas y hay más de 30 imputados. Entre ellos el expresidente balear, Jaume Matas, y el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, en una de las piezas denominada 'caso Nóos'. La extraordinaria complejidad de este caso de supuesta malversación, falsedad y cohecho entre otros delitos dificulta el cierre de las investigaciones.

Caso de los ERE de Andalucía: Este proceso relacionado con el supuesto pago de ERE falsos por parte de la Junta de Andalucía, de Gobierno socialista, está paralizado desde el pasado mes de septiembre en los tribunales por la baja de la juez instructora, Mercedes Ayala. Los tres que ingresaron en la cárcel, el exdirector general y el consejero de Empleo, Francisco Javier Guerrero y Antonio Fernández, y su exchófer, Juan Francisco Tujillo, ya han abandonado la prisión bajo fianza.

Caso Campeón: la investigación se prolonga ya dos años y entre otros, está imputado el exministro de Fomento socialista, José Blanco, por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Las pesquisas avanzan con lentitud en los juzgados gallegos y están paralizadas en el Supremo a la espera de informes policiales y de las comisiones rogatorias solicitadas a Andorra.

Caso Brugal: Caso de supuesta corrupción relacionado sobre todo con la adjudicación del servicio de recogida de basuras en varios municipios de Alicante y en la Diputación de esa provincia. Hay decenas de imputados del Partido Popular. El caso se investiga desde hace 7 años y sigue en fase de instrucción.