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Sociedad

La ley Wert podría retrasarse hasta la siguiente legislatura

La memoria económica señala que hasta el ejercicio 2016 no habrá repercusión en los presupuestos del ministerio para cumplir con el plan de ajuste fiscal

La reforma Wert se retrasa y se encarece. La memoria económica de la futura ley, a la que ha tenido acceso la Cadena Ser, señala que hasta 2016 no habrá dinero en los presupuestos del Ministerio para financiar la implantación de la reforma, a fin de cumplir con el programa de consolidación fiscal. Educación admite por primera vez que la ley podría llegar a las aulas en el curso 2015-16 y no en el 2014-2015 como había mantenido hasta la fecha. La reforma costará cinco veces más que el primer borrador diseñado por el departamento del ministro Wert

La financiación se perfila como el siguiente motivo de controversia e incertidumbre para la futura tramitación de la reforma educativa del ministro Wert. Y es que con Europa mirando con lupa las cuentas de España, el ajuste fiscal puede comprometer el calendario de aplicación de la reforma. Hoy el ministerio ha admitido, por primera vez, que la implantación de la ley podría retrasarse hasta el curso 2015-2016, lo que, en caso de agotarse la legislatura, coincidiría prácticamente con las elecciones generales.

La memoria económica señala textualmente que "la implantación de la reforma garantiza el respeto del programa de consolidación fiscal del Gobierno de España para los ejercicios 2013-2014, el inicio de la incidencia sobre los presupuestos del Ministerio de Educación no se producirá hasta el ejercicio 2016". El texto deja claro además que "la financiación de estos gastos estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorice y serán compensadas, en su caso, con bajas en otros programas del departamento".

Según el ministerio, las comunidades podrían tener que pagar entre 50 y 927 millones de euros

La memoria diferencia entre costes directos e indirectos a la hora de financiar la reforma cuyo coste se ha multiplicado por cinco con respecto al primer borrador elaborado por el Ministerio. Los costes directos, derivados de la puesta en marcha de los cambios normativos, serían asumidos por el ministerio de Educación durante los primeros tres años de aplicación de la ley. El coste el primer año sería de 23 millones de euros, 130 millones el segundo año y 255 millones en el tercero.

En total 408 millones de euros que, según la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, "correrían a cargo del ministerio en exclusiva". A partir del cuarto año, la intención del ministerio es que sean las comunidades autónomas las que asuman los gastos de lo que califica como "costes indirectos". Según Gomendio, esos costes son los derivados del éxito que tenga la reforma. "Si conseguimos reducir la tasa de abandono escolar, es evidente, que al escolarizar a más alumnos en las aulas habrá más coste, y si además, logramos con los nuevos itinerarios derivar más alumnos a la FP, que son unos estudios más costosos por su dimensión práctica, pues también se encarecerá la aplicación de la reforma". Sin embargo, el ministerio admite que no tiene un cálculo exacto de a cuánto pueden ascender esos costes indirectos. A falta de una cifra concreta, la estimación ministerial se basa en tres escenarios diferentes, con una horquilla abismal de posibles impactos económicos: 50 millones, 334 millones de euros y 927 millones de euros, según se consiga reducir más o menos el abandono escolar e incrementar los alumnos en la FP.

Como las tasas de abandono escolar varían según las comunidades autónomas la reforma implicará un mayor coste para aquellas que partan con unos peores niveles de éxito académico.

El próximo 7 de febrero ministerio y comunidades autónomas se reunirán en la Conferencia Sectorial de Educación para debatir la futura viabilidad financiera de la reforma. . La cita fue exigida por las autonomías, incluidas las del PP, sumamente preocupadas por los costes de implantar una nueva ley en un momento de asfixia económica y cuando la mayor parte de ellas están aplicando importantes recortes en materia educativa impuestos en gran medida por el decreto de ajustes del Gobierno.

Sin comprometer fechas concretas, el ministerio mantiene su intención de llevar la reforma al Congreso antes del verano, una vez cumplidos los trámites de consulta al Consejo Escolar del Estado, Consejo de Estado y aprobación en Consejo de Ministros. Educación señala que "no hay manera de saber cuánto puede durar el trámite parlamentario" pero indica que en ningún caso la ley podría estar aprobada en el Congreso antes de otoño. Otra cosa será su implantación real en las aulas. Algo que, según hemos sabido hoy, podría coincidir con la llegada de un nuevo gobierno.