Empezar de cero en una ciudad 'dormitorio'

Las personas que hayan sufrido un desahucio y tengan pensado solicitar un piso del fondo social de viviendas en alquiler (suscrito, entre otros, por el Gobierno y 33 bancos), tienen que esperar para iniciar los trámites necesarios y optar a ser beneficiarios de esas viviendas. De momento, en las sucursales de los bancos responden con un "vuelva usted dentro de 15 días".

Las entidades tienen hasta mediados de febrero para poner en marcha el operativo. Sin embargo, en el ámbito financiero ya se empiezan a conocer las características de estas viviendas (que serán las más modestas), y cuánto se gastarán los bancos en ponerlas a punto.

Viviendas de entre 55 y 85 metros cuadrados, de 2 o 3 dormitorios, ubicadas en zonas costeras y en ciudades dormitorio, y valoradas en menos de 100.000 euros, ya que las más caras han pasado a ser propiedad del llamado banco malo (la Sareb).

Así serán al menos los 1.000 pisos que Bankia, la entidad que más aporta, destinará al fondo social de alquiler de viviendas. Se gastará unos 3 millones de euros en obras de reforma (una media de 3.000 euros por vivienda), ya que los gastos que sean necesarios para adecentar los inmuebles, incluyendo tributos y obras de reparación, correrán a cargo del propietario, mientras que los derivados por suministros (como electricidad, agua, gas o teléfono) los pagará el inquilino.

Estos datos los proporcionan fuentes financieras porque en las sucursales, tanto de Bankia como de otras entidades, la información para los quieran solicitar una de estas viviendas, todavía no está disponible. Calculan que a mediados de febrero lo estará y, según el convenio del fondo, el 31 de marzo se asignarán los primeros pisos, algo menos de 6.000 ofrecidos por 33 bancos.

Podrán acceder a ellos quienes hayan sido desahuciados a partir del año 2008 y se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, lo que implica ser familia numerosa, o tener un menor de 3 años a cargo, o estar en paro y haber agotado las prestaciones por desempleo, entre otros supuestos. Además, el conjunto de los ingresos de la familia no podrá superar los 1.600 euros mensuales, y ninguno de sus miembros podrá ser propietario de una vivienda.

Los interesados deberán solicitar la vivienda en el mismo banco que llevó a cabo su desalojo y será la propia entidad la encargada de valorar si se cumplen los requisitos, aunque podría contar con la ayuda de los ayuntamientos que se adhieran al convenio.

Los precios de los alquileres de estos pisos oscilarán entre 150 y 400 euros al mes y el contrato será de dos años, prorrogable un año más si la entidad considera que se siguen cumpliendo las condiciones para acceder a estas viviendas.