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Sociedad

IU pide que Wert explique en el Congreso cuánto costará la reforma educativa

Cataluña señala que los cálculos económicos del ministerio son erróneos y pide la retirada del proyecto por insuficiencia financiera para aplicarla

Izquierda Unida quiere que el ministro explique en el Parlamento de dónde va a salir el dinero para desarrollar la ley y a qué obedece el retraso en la implantación de la reforma que, según admite el departamento de José Ignacio Wert, podría demorarse hasta el curso 2015-2016

Las reacciones a la memoria económica de la LOMCE que el ministerio de Educación envió ayer a las comunidades autónomas no se han hecho esperar. Esta misma tarde IU ha registrado una petición parlamentaria para que el ministro Wert comparezca en el Congreso y explique el impacto económico de la reforma educativa y su repercusión presupuestaria. IU quiere saber de dónde saldrán los 408 millones de euros que, según el ministerio, costará la reforma en los tres primeros años. La coalición teme, que tal y como recoge la memoria económica, esa autorización de gasto pueda ser compensada con recortes en otras partidas presupuestarias del ministerio para no incumplir los objetivos de déficit.

La diputada de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Educación y Deporte, Caridad García Álvarez, considera necesario que Wert "aclare si va a retrasar la puesta en marcha de su 'proyecto estrella' al curso 2015-2016, un año más de lo previsto, lo que choca con las prisas que se está dando en su tramitación. Esto se produce mientras el ministro no tiene en cuenta ni las opiniones de los profesionales reconocidos del sector, ni de las asociaciones de padres y madres, ni de las formaciones políticas", señala.

Por su parte, la consejera catalana de Educación, Irene Rigau, ha señalado hoy que esa memoria económica se queda corta y ha cuestionado los cálculos del ministerio. Según Rigau, en el tercer año de aplicación Educación habla de un coste global de la reforma de 255 millones de euros para toda España cuando sólo para aplicarla en Cataluña serían necesarios al menos 100 millones. "Podemos mejorar la calidad educativa sin necesidad de aplicar una ley para la que no tienen los recursos suficientes ni el Ministerio de Educación ni las Comunidades Autónomas", ha asegurado la consejera que ha pedido al ministro que retire el proyecto que no tiene ni consenso ni tampoco dotación financiera suficiente.

La reforma tampoco logra el consenso en el Consejo Escolar del Estado

Sindicatos, padres y estudiantes se han quejado también de que el ministerio no haya enviado esa memoria económica al Consejo Escolar del Estado cuyo pleno ha debatido precisamente hoy sobre la reforma educativa. La votación ha evidenciado la fractura que esta reforma provoca en la comunidad educativa, ya que no ha sido posible alcanzar un informe de consenso.

El pleno, al que se han presentado más de 300 enmiendas, ha rechazado los cinco dictámenes alternativos presentados por CEAPA, el Sindicato de Estudiantes y la Federación de Universitarios FAEST, y los sindicatos STES, UGT, CCOO y CIG que pedían la retirada completa de la reforma educativa. El presidente del Consejo, órgano formado por 107 miembros entre los que hay representantes del profesorado, de los estudiantes, las asociaciones de padres de la escuela pública y la privada concertada, los centros católicos, sindicatos y patronal, ayuntamientos, y representantes del ministerio de Educación, además de profesionales de reconocido prestigio, ha señalado que "se ha intentado lograr el consenso pero a partir de un determinado punto, entra en juego la lógica de las mayorías". Finalmente se ha votado el informe preliminar redactado por la comisión permanente -en el que se pide un Pacto de Estado por la Educación- con 56 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, así como algunas enmiendas parciales.

El documento señala la necesidad de contar con recursos financieros suficientes para costear medidas que implican una "fuerte inversión" y añade que en la redacción del anteproyecto hay aspectos "confusos" y "ambiguos", como la referencia a la evaluación de la lengua materna. También propone que consten expresamente las competencias del Estado, que las nuevas enseñanzas de Formación Profesional Básica incorporen complementos formativos que conduzcan a la obtención del título de graduado en ESO o que permita el acceso directo a los ciclos de Formación Profesional de grado medio.

En los próximos días el Consejo Escolar elaborará su dictámen definitivo sobre la reforma. Un trámite de consulta obligatorio ante cualquier reforma legislativa, pero no vinculante.

Irene Rigau, consejera de Educación de Cataluña: "Pedimos la retirada de la reforma porque no hay dotación económica suficiente para aplicarla". 

Augusto Serrano, sindicato STES: "Es inadmisible que el ministro hurte la documentación económica sobre la reforma al Consejo Escolar del Estado".