Ocho bancos bajo la lupa de la Audiencia Nacional

MADRID

La Audiencia Nacional investiga en la actualidad la actividad de ocho entidades bancarias, con más de 60 exdirectivos de estos bancos imputados por delitos societarios, de administración desleal o falsedad contable, entre otros. En casos como el de Bankia, la justicia quiere averiguar si las actuaciones de los exdirectivos de la entidad pudo llevar a la entidad a la quiebra, mientras que en otros como el de la Caja de Ahorros del Mediterráneo o NovaCaixaGalicia se investigan retribuciones millonarias que los directivos se habrían adjudicado de manera fraudulenta y aprovechando su posición.

Actualmente son ocho entidades bancarias las que tienen cuentas pendientes con los juzgados Audiencia Nacional. Con más de sesenta exdirectivos imputados, acusados de una gran variedad de delitos que van desde la apropiación indebida y la administración desleal hasta la falsedad contable y el delito societario. Algunos de ellos por supuestos expolios, porque según las investigaciones de los jueces de instrucción sus directivos se habrían atribuido indemnizaciones y jubilaciones millonarias utilizando su cargo. En otros casos, por estafar a sus clientes con productos tóxicos como las preferentes.

El caso que más titulares ha dado en los últimos meses es el de Bankia: la entidad salió a bolsa, tuvo que ser nacionalizada en mayo del año pasado, y ahora el juez Andreu quiere saber qué paso exactamente durante su salida a bolsa y cómo de un año para otro pasaron de anunciar ganancias de cientos de millones y sin embargo en la realidad fueron pérdidas de miles de millones. En esta causa ya han acudido a declarar un total de 33 imputados, entre ellos varios exdirectivos de la entidad como Rodrigo Rato o Arturo Fernández, y también están citados numerosos testigos, entre ellos el Ministro de Economía Luis de Guindos. El juez cree que la actuación de los 33 imputados no sólo habría podido influir negativamente en la salud económica de Bankia, sino que también podría haber tenido "una grave repercusión en la economía nacional".

Recientemente, el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional abrió el primer juicio oral contra una entidad bancaria: los quince exresponsables de Eurobank que se sentarán en el banquillo son el ex presidente Eduardo de Pascual Arxé y 14 de sus colaboradores. Se les acusa de hasta 9 tipos delictivos distintos entre los que destacan la estafa y el blanqueo de capitales, y por los que las acusaciones piden penas que suman los 70 años de prisión e indemnizaciones de 10 millones de euros. En su auto, el juez Ruz también abre juicio contra 41 entidades mercantiles a las que considera responsables civiles subsidiarias.

Retribuciones millonarias y activos tóxicos

En muchos casos, la justicia quiere sentar en el banquillo a exdirectivos de cajas por adjudicarse supuestamente retribuciones millonarias, así como utilizar activos tóxicos como preferentes o hipotecas basura para disparar los beneficios. Es el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Modesto Crespo y Juan Ramón Avilés son algunos de los exdirectivos acusados de adjudicarse retribuciones y dietas millonarias utilizando su posición privilegiada dentro de la entidad y a costa de la Caja. También se sientan en el banquillo por la utilización de preferentes, participativas, hipotecas 'subprime' o 'préstamos patera' para disparar los beneficios de la entidad. La Caja de Ahorros del Mediterráneo tuvo que ser rescatada por el FROB en julio de 2011.

NovaCaixaGalicia es otro banco que se enfrenta a dos caminos judiciales: por un lado, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional investiga si cinco exdirectivos de la entidad aprobaron retribuciones para ellos mismos por valor cercano a 8 millones de euros sin contárselo al consejo de administración ni enseñar nunca los contratos. El juez ve indicios de que estos exdirectivos de NovacaixaGalicia abusaron de sus funciones para mejorar sus contratos, con sus consecuencias negativas para la entidad. También están siendo investigados por la venta de preferentes.

El juez Ruz de la Audiencia Nacional también reactivó a principios del mes de enero la causa abierta contra dos exdirectivos de Caja Castilla la Mancha. Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de la entidad, y el exdirector general Ildefonso Ortega están llamados a declarar por supuestamente haber concedido créditos en 'condiciones ventajosas' a varios de los antiguos reyes del ladrillo 'incumpliendo la normativa bancaria y mercantil'. Unos créditos 'sospechosos' que habrían dejado un agujero de más de 250 millones de euros en la entidad.

El caso del Banco de Valencia es otra historia de supuestos saqueos y expolios para el beneficio propio. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) presentó un informe el pasado mes de julio ante el juez Santiago Pedraz en el que acusaba al exconsejero delegado de la entidad, Domingo Parra, de utilizar su posición dentro del banco para realizar operaciones financieras e inmobiliarias que favorecieran a sus empresas particulares. Operaciones realizadas a espaldas del consejo de administración y que habrían supuesto una presunta estafa total de 137 millones de euros. El Banco de Valencia tuvo que ser rescatado.

Los dos últimos casos en salir a la luz han sido los de Caixa Penedés y Banca Cívica. En el primero, la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra Ricard Pagés, expresidente de la caja, y otros tres directivos por supuestamente haberse apropiado de casi 24 millones de euros de forma ilícita y a costa de la caja. Los directivos se habrían atribuido pensiones millonarias valiéndose de su puesto. En el caso de Banca Cívica, el Fiscal General del Estado ha autorizado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para investigar el proceso de fusión de cuatro cajas que llevó a su constitución (Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Caja Sol). Se investigará tanto el proceso de fusión que dio origen a Banca Cívica como su posterior salida a bolsa.