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España

El Tribunal Constitucional tendrá que decidir sobre las tasas judiciales de Gallardón

El PSOE presenta un recurso para que el Alto Tribunal derogue la ley

El Tribunal Constitucional tendrá que decidir sobre la legalidad de la ley de tasas judiciales de Gallardón / EFE

El recurso que el Partido Socialista ha registrado esta mañana ante el Tribunal Constitucional lleva la firma de todos los 110 diputados socialistas del Congreso. En él se pide que la ley de tasas sea declarada inconstitucional por "constreñir el acceso a la justicia por razones exclusivamente económicas".

La ley de tasas impulsada por el Gobierno vulnera cuatro artículos de la Constitución, según defiende el PSOE en el recurso de inconstitucionalidad. Entre ellos el artículo 24 que establece el derecho a la tutela judicial efectiva. A juicio del PSOE ese derecho fundamental queda constreñido "cuando se acredita la excesiva cuantía" de las tasas. Y en este caso las cuantías fijadas son, según el recurso "una barrera económica que de forma irrazonable y desproporcionada disuade y discrimina a muchos ciudadanos".

Otros artículos vulnerados por la ley de tasas, según el recurso PSOE, son los que establecen el derecho a la igualdad de todos los españoles, el principio de capacidad económica a la hora de fijar los tributos y el derecho a la justicia gratuita. No se cuestiona tanto el modelo de tasas como las cuantías fijadas.

El texto, de 66 páginas, está plagado de ejemplos con los que los demandantes quieren demostrar que las tasas fijadas por la ley del Gobierno son excesivas y disuasorias. Citan por ejemplo que para recurrir una infracción leve castigada con una multa de hasta 100 euros, la tasa a pagar supera los 200 euros. Y que incluso las víctimas de violencia de género están obligadas a pagar tasas judiciales cuando inicien procesos de divorcio o separación

Éste es el cuarto recurso de inconstitucionalidad que presenta el Partido Socialista contra decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy. También recurrieron ante la Carta Magna la reforma laboral, la amnistía fiscal y el decreto que cambia el sistema de elección del consejo de Radio Televisión Española.