Google no olvida

La Audiencia Nacional ha elevado al Tribunal Europeo de Luxemburgo una petición para que aclare el ejercicio del Derecho al Olvido en los buscadores de internet. Todo parte de decenas de casos amparados por la Agencia de Protección de Datos que Google ha recurrido ante la Justicia.

¿Qué es el Derecho al olvido?

Es el derecho que tenemos los ciudadanos a impedir la difusión de información personal a través de Internet. Se puede ejercer cuando la publicación de esos datos ya no tiene relevancia ni interés público y causa una lesión a los derechos de las personas. La Agencia de Protección de Datos, la entidad oficial encargada de velar por el cumplimiento de la ley, estima que ese derecho se puede ejercer frente a información obtenida a través de buscadores.

¿Cuáles son los límites de este derecho?

El Derecho al Olvido no es absoluto. Cuando entra en colisión con otros derechos, la Agencia de Protección de Datos realiza un análisis y avala o no la petición del interesado. De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que la libertad de expresión y el derecho de información prevalece frente al del Olvido siempre que la información comunicada tenga relevancia pública y sea veraz.

¿Qué casos ha avalado la agencia?

En los últimos años, han avalado 180 recursos presentados por particulares. Algunos han sido recurridos por Google ante la Audiencia Nacional. Algunos ejemplos:

-2008: un particular que reclama sin éxito que el buscador elimine la publicación de su nombre y apellidos de una sanción disciplinaria. Es funcionario de prisiones y teme que ETA pueda identificarlo (recordemos que hablamos de 2008)

-2009: otro ciudadano pide a Google que no recoja una condena en su contra por dañar un monumento. El cumplió la responsabilidad penal y civil por ese acto pero su nombre sigue apareciendo en varias páginas que destaca el buscador.

-2009: la Agencia avala la petición de una víctima de violencia de género que solicita a Google la supresión de varios datos referentes a sus hijos (estamos hablando de nombres y direcciones). Tampoco consigue borrar esa información

-2011: un ciudadano solicita la cancelación de sus datos personales que aparecían en varias direcciones web en relación con una posible implicación en un proceso de corrupción de menores.

¿Qué casos no ha avalado?

Un ejemplo de 2011: Un ciudadano solicita a Google que elimine los resultados que proporcionan enlaces a páginas con información en las que figura como imputado en una trama de corrupción. La Agencia estimó que se trataba de un supuesto de relevancia pública.

¿Qué dice Google?

La única voz autorizada de Google que ha hablado sobre el asunto es, William ECHIKSON, jefe del área de Libertad de Expresión de Google para Europa, Oriente Medio y África. El pasado martes escribía un comentario en su blog en el que explicaba la defensa de Google con tres ideas fundamentales...

-Decía que ellos no son responsables de la publicación de datos, información o contenidos en Internet aunque se sirvan de ello. Argumentaba que la fuente de esos contenidos son las webs que aparecen en las búsquedas y que por tanto son ellas y no Google las que debe tomar la decisión de eliminarla si procede.

-Aseguraba que lo que la Agencia Española de Protección de Datos está pidiendo a Luxemburgo atenta contra su libertad de expresión, incluso contra el interés público porque "la gente debe enterarse de que un político fue declarado culpable de aceptar un soborno, o que un médico fue declarado culpable de negligencia"

-Los motores de búsqueda no debe ser objeto de censura de contenidos legítimos en aras de la privacidad - o por cualquier otra razón.

¿Qué debe decidir ahora el Tribunal de Luxemburgo?

La Directiva que regula la protección de datos en Internet es de 1995, cuándo el uso de Google no estaba extendido. A partir de ahí, los jueces de la Audiencia Nacional han planteado tres cuestiones que el Tribunal europeo debe responder.

1. Si Google está sometido a la normativa europea y española en la protección de datos.

2. Si Google es responsable de las eventuales lesiones que la difusión de la información personal puede causar a los ciudadanos.

3. Si los ciudadanos pueden ejercitar sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante los tribunales españoles o han de acudir a los tribunales de Estados Unidos.

Se espera una decisión a finales de año.