El Gobierno impugnará ante el Constitucional la declaración soberanista del Parlament catalán

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista del Parlament de Cataluña después de que el Consejo de Estado emitiese este jueves un dictamen que avala esta posibilidad. ''Nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes'', ha explicado la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior a dicha reunión. ''Este Gobierno'', ha afirmado Soraya Sáenz de Santamaría, ''cumple con la Constitución en la defensa de los derechos de los ciudadanos''.

Con esta decisión, el Gobierno asume la tesis del Consejo de Estado y apuesta por impugnar la declaración del Parlament, que define a Cataluña como un "sujeto político y jurídico soberano".

El Ejecutivo solicitó el dictamen al órgano consultivo el pasado 8 de febrero tras obtener un informe de la Abogacía del Estado, también favorable a la impugnación de la declaración soberanista.

En el supuesto de que el gobierno de la Generalitat catalana decida seguir adelante con el derecho a decidir, la vicepresidenta ha despejado la cuestión remitiendo al Tribunal Constitucional ''las decisiones que en su caso tome''.

Eso sí, Sáenz de Santamaría ha querido dejar claro que la impugnación es "la tercera vía que permite la Constitución" y ha precisado que ni se trata de un recurso de inconstitucionalidad, ni de un recurso de competencias.

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Según la portavoz del Gobierno, el acuerdo alcanzado autoriza al presidente Mariano Rajoy a "recurrir" la resolución 5.10 del Parlamento de Cataluña por la que se declara la soberanía del pueblo catalán "y se inicia un proceso para hacer efectiva dicha soberanía".

El artículo 161 de la Constitución dice que "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". "La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", añade el citado artículo.