Siete comunidades autónomas piden ayuda para luchar contra la corrupción

Baleares pide reforzar el juzgado que investiga al Duque de Palma

Los presidentes de los tribunales superiores de justicia han respondido a la mano tendida del Consejo del Poder Judicial. Siete de ellos han solicitado refuerzos para luchar de forma más eficiente contra la lacra de la corrupción. A ellos se les ha sumado la Audiencia Nacional que le ha pedido al órgano de gobierno de los jueces una unidad permanente de peritos. Los datos los ha dado a conocer el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, en el pleno que se ha celebrado este jueves.

Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia, País Vasco, Castilla la Mancha y Castilla León han lanzado un SOS al Consejo General del Poder Judicial y han pedido refuerzos para luchar contra los casos de corrupción que inundan juzgados y tribunales. A ellos se les ha sumado la Audiencia Nacional que ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces una unidad permanente de peritos, tal y como tiene la fiscalía anticorrupción.

Especialmente sangrante es el caso de Baleares que ha reclamado tres magistrados para las secciones penales de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y un magistrado para el Juzgado de Instrucción nº 3 que investiga el Palma Arena y sus casi treinta piezas separadas, entre ellas, el caso Nóos que mantiene imputados a Iñaki Urdangarin y al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga.

Jueces huelguistas

El pleno también ha discutido la posibilidad de remitir al Ministerio de Justicia la lista de los más de dos mil jueces y magistrados que hicieron huelga el pasado día 20 de febrero. La propuesta del vocal José Manuel Gómez Benítez ha sido finalmente retirada a la vista de la documentación que obra en poder del Consejo. Alrededor de un 35% de los jueces que hicieron huelga no han sido identificados. Los presidentes de los tribunales de justicia se limitaron a remitir sólo el número de huelguistas pero no sus nombres y apellidos. En cualquier caso, la posición mayoritaria en el pleno ha sido la de no facilitar ninguna información al departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón hasta que no la reclame.

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