Blanco pide al juez que archive la investigación abierta contra él por el 'caso Campeón'

La defensa del exministro de Fomento, José Blanco, ha presentado un escrito pidiendo al Tribunal Supremo que archive la causa abierta contra él por un presunto delito de tráfico de influencias y, en su caso, de prevaricación. El escrito del letrado, Gonzalo Martínez Fresneda, señala que no hay indicios delictivos en la actuación de su cliente y que la unidad de delincuencia económica de la policía ha actuado a espaldas del instructor y del imputado.

El juez del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, ya tiene sobre la mesa el escrito del exministro, José Blanco, solicitando que archive la causa abierta contra él por su presunta implicación en el caso campeón. El ministerio público ha reclamado al juez que pida el suplicatorio a las Cortes para juzgar a Blanco por un presunto delito de tráfico de influencias y, en su caso, de prevaricación.

El documento del letrado, Gonzalo Martinez Fresneda, subraya que el exministro sólo habló con su secretario de Estado, después de que el empresario José Antonio Orozco le pidiera una reunión con el alcalde de Sant Boi para tratar de instalar una nave industrial en el municipio. "No hizo nada más", añade, "ni habló con el alcalde, ni contactó con él de ninguna forma, no le presionó ni le influyó", es más, José Blanco "no conoce al alcalde de Sant Boi ni le ha visto en su vida, con lo que advertir un delito de tráfico de influencias es una completa fantasía". Sobre el papel del técnico municipal, destaca que "no concedió o denegó licencias, sólo informó de ciertas deficiencias que eran subsanables pero nunca denegó la licencia".

El delito de prevaricación

El escrito del exdirigente socialista también muestra su sorpresa porque el fiscal "a última hora haya puesto sobre el tapete una carta que no estaba en juego como el delito de prevaricación". El letrado entiende que "la prueba de que el fiscal no se cree su discurso es que no ha impulsado la imputación de quienes dictaron la licencia supuestamente prevaricadora", que serían el alcalde y la corporación municipal. Este delito, razona, el escrito, procede de una investigación "nueva y puramente prospectiva que nadie había sugerido", ordenada por la UDEF para revisar la concesión de la licencia de la nave industrial, sin respaldo judicial. De hecho, ha incluido un informe ambiental, en un "proceder chocarrero" sin permitir a la defensa presentar el suyo demostrando que la licencia sí era legal.