El Consejo de Estado critica la supresión de Educación para la Ciudadanía como obligatoria

El Consejo de Estado critica la supresión de Educación para la Ciudadanía y pide al Gobierno que la mantenga como asignatura obligatoria, como recomiendan las instituciones europeas y los organismos internacionales de derechos humanos. El dictamen señala que la inclusión de una optativa de valores éticos como alternativa a la religión podría ser discriminatoria, ya que quienes opten por la enseñanza religiosa no recibirían ninguna formación en valores cívicos a lo largo de toda su educación. El Consejo de Estado también rechaza la pretensión de Wert de pagar con fondos públicos la escolarización en centros privados de alumnos que quieran estudiar en castellano en Cataluña y cuestiona la financiación insuficiente y poco clara de la reforma educativa

Dos meses ha tardado el Consejo de Estado en emitir su informe sobre la reforma educativa del Gobierno. En un documento de 187 páginas, al que ha tenido acceso la Cadena SER, y aprobado por unanimidad de los diez miembros de la Comisión Permanente, el Consejo de Estado censura algunos de los aspectos más polémicos de la reforma.

Entre ellos, el dictamen se posiciona con claridad a favor del mantenimiento de Educación para la Ciudadanía (eliminada en el anteproyecto de ley) como una materia obligatoria en el sistema educativo "dada la importancia que puede tener en aras a la educación integral a la que se refiere la Constitución". El Consejo de Estado alude a los numerosos acuerdos y recomendaciones en este sentido emitidos por el Consejo de Europa y la Unión Europea y suscritos por España para "preparar a las personas para una ciudadanía activa, garantizando competencias, actitudes y conocimientos esenciales en relación con la democracia, la justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles".

El Consejo de Estado recuerda que la reforma elimina esta asignatura como obligatoria e introduce una materia optativa de "valores culturales y sociales" (cuyo nombre pide que se cambio por valores éticos y sociales) en primaria y otra de "valores éticos" en secundaria como alternativa a la asignatura de religión. El cambio, que responde a una reiterada reivindicación de la Conferencia Episcopal, también merece la atención del dictamen del Consejo de Estado al señalar que de ese modo "se discriminaría a los alumnos que, al elegir la religión, no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación".

Rechazo a pagar colegios privados para escolarizar en castellano en Cataluña

El dictamen contiene otro tirón de orejas al Gobierno en uno de los puntos que más fricciones habían desatado entre el ministerio y las comunidades con lengua propia, en particular Cataluña. Y es que el Consejo de Estado es claro a la hora de oponerse a la pretensión del ministro Wert de que sea la Generalitat la que sufrague los gastos de escolarizar en centros privados a aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano. El dictamen señala que "más allá de las difcultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación, esta medida no debería figurar en la ley, por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas cuando estas así lo decidan".

Costes insuficientes y poco claros

El dictamen también cuestiona el coste de la reforma y señala la "insuficiencia de la valoración económica que entrañará su aprobación". Señala el Consejo de Estado que el coste estimado por el Gobierno es muy limitado para una reforma estructural de esta envergadura e insta al ejecutivo a clarificar lel impacto económico de la reforma y los compromisos temporales para su financiación".

Advertencia sobre la ruptura en la "igualdad de oportunidades" en el acceso a la Universidad

En materia universitaria el Consejo de Estado alerta también sobre la "discrecionalidad" que podría entrañar la supresión de la selectividad y su sustitución por pruebas de acceso individualizadas en cada facultad, comprometiendo así la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior para los alumnos y opina que el sistema "basado en una nota de corte única y común para todo el alumnado" ha funcionado correctamente.

El órgano consultivo también recoge las quejas de varios colectivos por la reducción o la supresión del carácter obligatorio de determinadas materias como la Música, la Cultura Clásica, la Tecnología o la segunda lengua extranjera y pide al Gobierno que se mantengan al menos como oferta obligatoria por parte de todos los centros educativos aunque cursarlas sea optativo, a fin de garantizar un principio de igualdad para todos los alumnos en el acceso a materias que contribuyen a la formación humanística del alumnado.

Pide que las reválidas las evalúen funcionarios públicos y no profesores contratados por empresas privadas

En cuanto a las pruebas de evaluación, el dictamen pide que las comunidades puedan completar los estándares de aperndizaje y los criterios de evaluación establecidos por el ministerio y reclama que se especifique expresamente que "esos exámenes serán corregidos por funcionarios públicos y no por profesores contratados por empresas privadas para tal fin".

El dictamen, que no es vinculante, ha salido adelante por unanimidad de los diez miembros de la Comisión Permanente, presidida por el ex ministro Romay Beccaría, y de la que forman parte entre otros Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, María Teresa Fernández de la Vega, Alberto Aza, Landelino Lavilla, o Fernando Ledesma.

Educación considera que el dictamen avala en "lo esencial" su propuesta de arquitectura educativa

Fuentes del ministerio han declinado hacer una valoración detallada del dictámen y han señalado que "lo están estudiando con detenimiento", si bien consideran que el texto avala "en lo esencial" la propuesta de nueva estructura educativa planteada por el Gobierno y basada en un adelanto de los itinerarios, (eligiendo ya en cuarto de la ESO), un sistema de evaluaciones, con pruebas en primaria, al finalizar la ESO y al concluir el Bachillerato, y también la proyectada reforma de la FP para incrementar las titulaciones en ese campo y reducir el abandono escolar. Ahora Educación tendrá que decidir si incorpora o no algunas de las recomendaciones antes de aprobar el proyecto de ley en Consejo de Ministros. Fuentes del ministerio han señalado a la SER que eso no será en ningún caso en la reunión de esta semana, coincidiendo con el nuevo paquete de reformas económicas, aunque Educación aspira a que el texto pase ese trámite a lo largo del mes de mayo.

Resta por ver si el departamento de José Ignacio Wert lleva la reforma a Consejo de Ministros antes o después de la jornada de huelga general en la enseñanza convocada por padres, profesores y sindicatos de profesores para el próximo 9 de mayo.