Sociedad

El gobierno deja a casi 900.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria

Es la primera vez que se reconoce oficialmente la cifra de personas que se quedan sin atención médica tras el decretazo sanitario de hace un año

Hasta ahora, todos los gobiernos se habían mantenido remisos a dar a conocer la cifra de inmigrantes en situación administrativa irregular que vivían en nuestro país. Ha tenido que ser en un documento sobre los próximos recortes, enviado a Bruselas, donde se constata oficialmente que "873.000 tarjetas de extranjeros residentes en España (han sido) dadas de baja". En el llamado Programa Nacional de Reformas de España 2013, el ejecutivo el Gobierno de Rajoy presume de que el impacto del Real Decreto- ley 16/2012, de 20 de abril de 2012, ha dejado esta cifra de personas fuera del sistema sanitario público, es decir casi el 20% de la población inmigrante residente en España se queda sin atención.

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Es la primera vez que un gobierno ofrece una cifra de migrantes que se quedan fuera del sistema, bien porque carecen de los permisos de residencia o de los requisitos para ser atendidos en la sanidad pública. 873.000 personas sin atención médica "supone dejar casi el 20% de la población inmigrante residente en España en desamparo. Una cifra escandalosa" según Rafa Sotoca de Médicos del Mundo una de las organizaciones más activas en la oposición a esta medida que han llegado a denominar "apartheid sanitario" en España.

"Casi un 20% de la población inmigrante residente en España no tiene cobertura sanitaria, no derecho a ir a un centro de salud y ser atendido, al menos sin que le cobren por ello. Es una tasa similar a la que podemos encontrar en países cuyo modelo o sistema sanitario nunca han sido un modelo a seguir como es el caso de EEUU donde hoy en día hay 40 millones de personas al carecer de ese seguro público hay personas que se enfrentar al miedo a que una enfermedad catastrófica les arruine la vida o no puedan afrontar los costes de su enfermedad" ha denunciado Sotoca.

Esta ONG insiste en que se está condenando a la puerta de atrás del sistema a miles de personas que por miedo a que les cobren la atención se están quedando sin los cuidados que necesitan.

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