El Gobierno aplaza la aprobación de la reforma educativa por la falta de apoyos

El Gobierno aplaza la aprobación de la reforma educativa. Fuentes del Ministerio aseguran que "no hay prisa para incluir fórmulas que permitan incorporar al texto algunas de las recomendaciones del Consejo de Estado". Hasta ayer, Educación mantenía este viernes, 24 horas después de la huelga general, como fecha para la aprobación del proyecto de ley

Ampliar

Según ha sabido la Cadena SER, el Gobierno aplaza la aprobación de la reforma a un próximo Consejo de Ministros, pese a que el ministerio había dado por hecho hasta hace apenas unas horas que el proyecto de ley se aprobaría este viernes.

Detrás de esta demora (que no retirada) en la aprobación del texto subyace la preocupación en el Ejecutivo por la falta de respaldo al proyecto de ley, evidenciado no solo en la huelga de ayer calificada como éxito rotundo por los convocantes sino también en la soledad parlamentaria del PP de cara al inicio de la tramitación en el Congreso. Oficialmente Moncloa argumenta que faltan por cerrar flecos de la memoria económica. Fuentes del Ministerio de Educación, que hasta última hora de ayer admitían no saber si el texto sería llevado o no al Consejo de Ministros de hoy, han asegurado a la SER que no tienen prisa para buscar las fórmulas más adecuadas que incorporen al texto algunas de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Estado.

Hasta el momento el Ministerio de Edcación no ha hecho ninguna valoración sobre la jornada de huelga a través de ninguno de sus miembros. Un silencio llamativo teniendo en cuenta que ayer sí habló la portavoz del PP en Educación. Sandra Moneo aprovechó para hacer un guiño al consenso señalando que "ahora la ley irá al Congreso en las próximas semanas y que esperan un diálogo que desean sea fructífero con el resto de grupos parlamentarios y con la comunidad educativa, especialmente con la comunidad educativa", ha remarcado.

Entre las objeciones señaladas por el Consejo de Estado y que el Ministerio ha anunciado su intención de matizar o modificar en el texto figura la obligación de que la Generalitat de Cataluña sufrague con fondos públicos colegios privados para aquellos alumnos que pidan se escolarizados en castellano como lengua vehicular. Ese aspecto constituye una de las líneas rojas de los grupos nacionalistas en el Congreso y su mantenimiento haría imposible, a priori, un respaldo o incluso una eventual abstención en la tramitación parlamentaria de la reforma.

El Ministerio también debe deshojar la margarita de cómo resuelve la discriminación que, a juicio del Consejo de Estado, podría suponer el hecho de que con el nuevo esquema de alternativa a la Religión y la supresión de Educación para la Ciudadanía como materia obligatoria, los alumnos que elijan enseñanza religiosa pudieran no recibir ninguna formación en valores cívicos y éticos a lo largo de toda su escolarización.