El caso Sintel, un hito de la lucha sindical

En el verano del 2001 varios centenares de trabajadores iniciaron una acampada en el madrileño paseo de la Castellana, frente de la sede del Ministerio de Economía

La historia de Sintel comienza en el año 1975 cuando se produce su fundación destinada a la instalación de líneas y redes de cables para Telefónica. El 30 de abril de 1996 Telefónica alcanzó un acuerdo con Mastec, propiedad de la filial MasTec Internacional, cuyo accionista mayoritario era la familia Mas Canosa, proveniente del exilio cubano y afincada en Miami. La empresa fue vendida por 4.900 millones de pesetas.

En junio del 2000 Sintel se declara en suspensión de pagos, para meses más tarde presentar un ERE que afectaba a 1.201 contratos, de un total de 1.828. El proceso derivó en la quiebra de la compañía con un déficit de 59,3 millones de euros, lo que dejó a 1.788 acreedores pendientes de cobro. Los trabajadores de Sintel consideraron que la empresa se había descapitalizado conscientemente e iniciaron numerosas movilizaciones.

En un hito de la lucha sindical, en verano del 2001 varios centenares de trabajadores iniciaron una acampada en el madrileño paseo de la Castellana enfrente de la sede del Ministerio de Economía. Se conoció como "campamento de la Esperanza", una movilización sin precedentes que se ganó la simpatía y comprensión de los ciudadanos, entre canciones, consignas, solidaridad y protestas. El conflicto social era tan visible que hasta el Congreso de los Diputados aprobó una resolución que instaba al Gobierno a impulsar un proceso de negociación.

El campamento sería desmantelado en agosto del 2011 tras 187 días de protesta, después de que trabajadores y Gobierno alcanzasen un acuerdo laboral. Las negociaciones, sin embargo, no llegaron a concretarse, las protestas se sucedieron y algunos trabajadores de la compañía fundarían en el 2003 Sintratel, una operadora del sector de las telecomunicaciones.

Respecto al proceso judicial, en 2007, la Audiencia Nacional procesó por insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública a ocho de los imputados relacionados con la gestión de la sociedad MasTec. En septiembre del 2012 los trabajadores llegaron a un acuerdo extrajudicial con Mastec: 35 millones de euros a cambio de retirar los cargos.

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