El PP pone trabas a análisis de consumo como el que destapó la carne de caballo

El PP -vía enmienda legislativa- quiere obligar a las organizaciones de consumidores que quieran publicar análisis comparativos de alimentos a informar previamente a los fabricantes, y abre la puerta a que se eternice el trámite hasta dejarlos obsoletos. Ha propuesto una norma que las organizaciones de consumidores consideran una "auténtica ley mordaza".

En España nos hemos enterado de que se ha vendido carne de ternera con trazas de carne de caballo por un análisis de muestras de distintas tiendas realizado por la OCU. Antes, con otro análisis, esta misma organización había advertido de que el aceite de oliva etiquetado como virgen extra no siempre es tal. Pero es posible que ésos vayan a ser sus últimos análisis alimentarios, porque se tramita una ley que puede restarles buena parte de su utilidad.

Una enmienda del PP al proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria plantea que antes de publicar análisis comparativos de alimentos haya que comunicar el resultado de la prueba al fabricante o la tienda en que se vende el producto. Éstos podrán promover contraanálisis, y si hay disparidad, solicitar un tercer análisis.

En la práctica, para José María Múgica, director general de OCU, "equivale a la desaparición de cualquier análisis comparativo, porque los plazos se hacen prácticamente eternos". Los fabricantes que salgan mal parados en un análisis -dice- sólo tendrían que ir poniendo trabas para obligar a posponer la publicación de los resultados hasta que consideren que ya resulta irrelevante su contenido.

El grupo parlamentario popular justifica la enmienda "por la defensa de los principios de veracidad, rigor técnico y derecho a la contradicción en defensa de los derechos del consumidor". Pero la OCU sostiene que durante décadas ha publicado estudios de este tipo sin haber recibido ninguna sentencia judicial que haya cuestionado su rigor y veracidad. En su opinión se quiere regular para evitar un problema que nunca se ha planteado.

"Ley mordaza"

Para Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, lo que se promueve es una auténtica ley mordaza. "No tienen bastante con ocultarnos qué productos alimentarios están en redes de alerta, por fraudes o riesgo para la salud, y ahora quieren que las organizaciones de usuarios no podamos contar dónde hemos detectado irregularidades".

Sostiene que la norma es inconstitucional, por vulnerar el derecho a la salud, la obligación de las administraciones de proteger a los consumidores y el derecho a la información.

El consejo de consumidores y usuarios -máximo órgano de representación institucional de los consumidores y usuarios- se ha dirigido a los grupos parlamentarios para alertarles sobre las consecuencias de esta norma, que ha sido ya aprobada en el Congreso y sigue ahora su trámite en el Senado. El CCU argumenta que al haberse planteado la norma como enmienda a una ley ya en tramitación no ha podido pronunciarse antes, durante el trámite de audiencia.