El socio de Díaz-Ferrán presiona desde la cárcel a su secretaria para evitar el embargo de 11 millones de euros

Susana Mora denuncia al juez Eloy Velasco presiones del liquidador Ángel de Cabo, para ocultar los activos de una sociedad procedente del Grupo Marsans, y evitar el pago a sus 16.000 acreedores. Velasco recibe información de distintos países sobre los bienes supuestamente evadidos por el expresidente de la CEOE.

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha tomado declaración este lunes a Susana Mora, la secretaria del empresario Ángel de Cabo hasta el pasado mes de diciembre.

Mora ha reconocido que actuó como testaferro de De Cabo, quien colaboró con Gerardo Díaz Ferrán en el vaciamiento patrimonial de sus empresas. También ha admitido que desde el pasado mes de diciembre, De Cabo está presionándola para que nombre como administrador de la empresa Naturaleza y Turismo a un nuevo testaferro del empresario, y para que venda todas las acciones de la firma.

Naturaleza y Turismo es una empresa a la que De Cabo traspasó todos los activos de Trapsatur, una firma de Gerardo Díaz Ferrán, para que no cayesen en manos de los acreedores. Una empresa muy rentable, según los investigadores, que llegó a disponer de remanentes por valor de 11 millones de euros. La secretaria de Ángel de Cabo ha asegurado al juez que en ningún momento ha accedido a las presiones de su exjefe.

Este lunes también ha declarado otro de los testaferros de Ángel de Cabo, el empresario García Escribano, quien ha admitido que "no solo" él, sino "todo el edificio" donde operaba el liquidador, sabía "que Díaz Ferrán venía a cobrar" cada mes lo estipulado por la cesión de sus activos.

Por otra parte, fuentes jurídicas han confirmado a la Cadena SER que el juez ya ha recibido varias de las comisiones rogatorias solicitadas a Holanda, Panamá, Chipre, Irlanda, Suiza y Liechtenstein, donde los investigadores sospechan que el expresidente de la CEOE y De Cabo ocultan parte de los fondos supuestamente evadidos.

Gerardo Díaz-Ferrán y Ángel de Cabo están en prisión desde el pasado mes de diciembre, cuando el juez Velasco les acusó de colaborar para el vaciamiento patrimonial de sus empresas, con el objetivo de eludir el pago a sus acreedores.