Los sindicatos rechazan la propuesta de reforma de pensiones del Gobierno
La negociación seguirá en las próximas semanas. CCOO calcula que el plan del Gobierno puede suponer una merma de hasta el 28% del poder adquisitivo de los pensionistas en 15 años
La primera reunión entre el ministerio de Empleo y los agentes sociales sobre la próxima reforma de las pensiones ha terminado poniendo de manifiesto la distancia que separa a los sindicatos del Gobierno. UGT y Comisiones Obreras (CCOO) rechazan la propuesta del Ejecutivo, porque consideran que se centra en la reducción del gasto (en vez de la mejora de los ingresos que reclaman las centrales), y porque calculan que supondría una fuerte pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en los próximos años. La semana que viene se fijarán fechas para continuar las reuniones.
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Los sindicatos han salido descontentos de la primera reunión, celebrada en el ministerio de Empleo, porque, además de no estar de acuerdo con el fondo de la reforma, el Gobierno no les ha facilitado el último texto que tiene, que ha examinado este viernes el Consejo de Ministros. Empleo se ha comprometido a enviárselo en los próximos días, pero les ha asegurado que se mantiene la propuesta de reforma que el Gobierno les anticipó hace dos semanas: un doble mecanismo que, por un lado, haga que las pensiones se revaloricen con una fórmula distinta al IPC a partir del año que viene y, por otro, que las nuevas pensiones, a partir de 2019, ajusten a la baja su cuantía si aumenta la esperanza de vida.
Según los cálculos de CCOO, de aplicarse la fórmula de revalorización que plantea el Ejecutivo tal cual, los pensionistas perderían entre un 14,8% y un 28,3% de su poder adquisitivo en los próximos 15 años. Son cálculos que el sindicato ha elaborado a partir de los datos y estimaciones disponibles a día de hoy, utilizando la fórmula que el Gobierno plantea como sustituta del IPC en la revalorización de las pensiones a partir del año que viene.
Los sindicatos piden mejorar los ingresos
La alternativa de CCOO al proyecto del Gobierno pasa por "una batería de medidas", dice su Secretario de Protección Social, Carlos Bravo: "medidas de impacto de carácter inmediato, medidas de carácter progresivo en el tiempo que mejoren los ingresos del sistema, y medidas estructurales para el futuro, para afrontar el reto demográfico del sistema", resume. Entre ellas, un incremento temporal de los tipos de cotización, el incremento de la base máxima de cotización, convertir los programas de reducciones de cuotas en la contratación en programas de bonificaciones y la asunción por el Estado de la financiación del nivel asistencial de las prestaciones de muerte y supervivencia.
En UGT también defienden fórmulas de subida de los ingresos, en vez de recorte de gasto. "Donde está el problema es en el mercado laboral, la destrucción de empleo es lo que ha llevado a que el sistema tenga déficit", argumenta su Secretaria de Política Social, Carmen López. "No se pueden acometer medidas estructurales por una crisis coyuntural. No puede aprovecharse la crisis para que nuestros pensionistas pierdan poder adquisitivo", asegura.
Más reuniones
La de hoy ha sido la primera reunión; las próximas se fijarán a partir de la semana que viene. La negociación con los agentes sociales se hará en paralelo a la tramitación parlamentaria de la norma, que el Gobierno quiere que comience en octubre. El calendario que contempla el Gobierno tiene como fecha término el final de este año: para entonces, quiere que la norma esté aprobada por las Cortes.
Se anticipa una negociación difícil, porque el recorte en el poder adquisitivo de los pensionistas al que abre la puerta la reforma que plantea el Gobierno no sólo es rechazado por los sindicatos, sino también por la oposición. El PSOE ya ha insistido varias veces en que no están de acuerdo con la nueva fórmula de revalorización de las pensiones que ha ideado el Ejecutivo, y CiU ha apuntado este mismo viernes que el informe del Gobierno "no recoge una propuesta que sirva para proteger a los pensionistas ante los problemas que supone un incremento de la inflación". "De entrada vemos difícil que se pueda producir acuerdo en esta materia", asegura el diputado de CiU portavoz en materia de pensiones, Carles Campuzano.
