¿Qué pasa si cierra el gobierno de EEUU?

Tras una larga noche de negociaciones, no ha habido acercamiento entre demócratas y republicanos del Congreso para evitar un cierre parcial del gobierno. Desde la medianoche en Estados Unidos, hay oficialmente "cierre del Gobierno", lo que deja a decenas de agencias federales sin presupuesto para seguir operando y pagar las nóminas a sus empleados.

Es el primer cierre de gobierno en 17 años. La norma que lo regula es la 'Ley de Antideficiencia' (Antideficiency Act), que prohíbe a los trabajadores firmar contratos o pagar programas federales sin fondos suficientes autorizados por el Congreso.

La mitad de los funcionarios públicos afectados

Aunque no hay una estimación oficial, se calcula que unos 800.000 empleados federales considerados no esenciales (de los 2,1 millones que hay en total) se quedarán sin ir a trabajar temporalmente o trabajarán sin cobrar. En el Pentágono, se verán afectados 400.000 empleados civiles.

Eso sí, la mayoría de los trabajadores que sufran bajas o retrasos, recuperarán su dinero cuando se apruebe el nuevo presupuesto.

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Sin embargo, los congresistas están exentos de las bajas durante un cierre de gobierno. Los miembros de las cámaras ganan 174.000 dólares al año (sin incluir seguros, gastos y deducciones de impuestos), lo que triplica el ingreso medio por hogar en EEUU. El sueldo del presidente, de 400.000 dólares al año, también se considera obligatorio.

El sector turístico sería uno de los más perjudicados. Si no hay acuerdo, cerrarán la mayoría de los museos de Washington DC (el conjunto Smithsonian), monumentos como la Estatua de la Libertad y la Prisión de Alcatraz y los parques nacionales de todo el país, como el Cañón del Colorado. También se verán afectadas las oficinas que tramitan pasaportes y visados.

La última vez que el gobierno sufrió un cierre (entre 1995 y 1996), un 20% de los trabajadores federales se vieron afectados y los negocios cercanos a los parques nacionales perdieron millones de dólares. El último cierre fue el más largo de la historia: duró 28 días. De los 17 cierres de gobierno que ha habido desde 1977, la mayoría no han superado los 2 o 3 días, e incluso las 24 horas.

Servicios esenciales garantizados

Las agencias que se consideran esenciales seguirán trabajando. Por ejemplo, los controladores aéreos y los funcionarios de prisiones seguirán en sus puestos, continuarán las patrullas fronterizas y las inspecciones de alimentos.

Los programas de salud públicos, Medicare y Medicaid, tampoco se quedarán sin fondos y los hospitales y doctores recibirán su dinero. Las pensiones se seguirán pagando, se seguirá cobrando el paro y las familias más pobres recibirían los cupones para alimentos

El Servicio Postal de EEUU (financiado independientemente) continuará repartiendo el correo y los impuestos seguirán siendo recaudados.

La Reforma Sanitaria, a salvo

Paradójicamente, la ley que impide llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, la reforma sanitaria, está protegida de los efectos del cierre del gobierno. La norma conocida como 'Obamacare' busca dar cobertura a unos 48 millones de personas que carecen de seguro médico.

Las partes esenciales de la norma están blindadas. Como la Seguridad Social o Medicaid, no dependen de la apropiación anual de fondos del Congreso.

El 1 de octubre comienza el plazo de inscripción para los seguros cubiertos por la reforma sanitaria. Son los Mercados de Seguros Médicos virtuales, una especie de bolsa de seguros online donde comparar los precios de decenas de seguros, calcular las subvenciones y desgravaciones. "Los mercados estarán abiertos en martes, no importa lo que pase, incluso si hay un cierre de gobierno", aseguró Obama el viernes.

Efectos a largo plazo

El cierre del gobierno no consigue ahorrar dinero. Al contrario, según los cálculos oficiales, el cierre de 1995-96 costó 1.400 millones de dólares. Se gasta dinero en planes de contingencia y los sueldos que se congelan temporalmente se tienen que pagar después.

Un cierre de 3 o 4 días comenzaría a restar puntos al PIB, que creció al 2,5% en el segundo trimestre de 2013. Según la agencia Moody's, en ese periodo, se perdería un 0,2% del PIB. Un cierre de un mes le quitaría un 1,4%.

¿Por qué no hay acuerdo presupuestario?

Los republicanos quieren supeditar la aprobación del presupuesto a la anulación (al dejarla sin fondos) o retraso de la reforma sanitaria.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ya ha anunciado que rechazarán la ley que se aprobó el domingo de madrugada en la Cámara y que da fondos al Gobierno federal, pero a cambio de retrasar la entrada en vigor de la reforma sanitaria un año y de acabar con un impuesto sobre el instrumental médico para financiarla.

Eso es algo inaceptable tanto para los demócratas, como para el presidente Obama, que acusan a los republicanos de estar dispuestos a dañar la economía del país, a cambio de contentar a su sector más extremistas, que lleva desde 2010 luchando contra el proyecto estrella del presidente. El Senado pasará una versión de la ley que no tocará la reforma sanitaria y enviará el proyecto de vuelta a la Cámara, que tendrá unas pocas horas para evitar el cierre de gobierno.

Los republicanos argumentan que actúan por el bien del país y que representan a la mayoría que rechaza la norma. La última encuesta del Pew Research Center muestra que la oposición a la reforma sanitaria (53%) sigue siendo mayor que los que están a favor (42%). Sin embargo, entre los que se oponen, sólo una minoría (23%) cree que la ley debe quedar sin fondos o sufrir un retaso.

Dentro del partido republicano, se oyen ya voces moderadas que están cuestionando la estrategia de bloqueo. La senadora Susan Collins, de Maine, ha sido la última en criticar a sus colegas de la Cámara, diciendo que el intento de enlazar la reforma al presupuesto "es una estrategia que no puede funcionar".

Los conservadores además corren el riesgo de que la opinión pública les culpe del cierre, a un año de que se renueven todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Nuevas figuras conservadoras, como Marco Rubio y Ted Cruz, se juegan su futuro político ante el horizonte de las presidenciales de 2016.