Sociedad
CASO BÁRCENAS

El juez Ruz rechaza que declare Mariano Rajoy como testigo del 'caso Bárcenas'

El magistrado atiende el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza citar como testigos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo y Rodrigo Rato. Ruz no ve razones que determinen la "necesidad" e "idoneidad" de la declaración del presidente del Gobierno

El juez Pablo RuzEFE

Madrid

El juez Pablo Ruz rechaza todas las testificales propuestas por las acusaciones del caso Bárcenas. Considera que éstas no han aportado los elementos de convicción que determinen la "necesidad, idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad" de estas pruebas. Ruz viene a decir en su auto que la motivación de la acusación para solicitar la declaración del presidente del Gobierno es meramente política al asegurar que "la motivación de la solicitud de estas diligencias" tiene un interés que "no puede ser reconocido en la tramitación de un procedimiento judicial penal".

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Ruz entiende que sus declaraciones tampoco son "necesarias" para determinar "el alcance de los hechos investigados".

Según la declaración de Bárcenas, el extesorero entregó a Mariano Rajoy 45.000 euros en dos sobres de color marrón en 2009 y 2010. Además, percibió sobresueldos y acordó mantenerle el sueldo, despacho y coche oficial con chófer aun cuando ya había sido apartado del Partido Popular y cesado como tesorero.

Cita a Lapuerta

El juez sí que acuerda la declaración como imputado del extesorero Álvaro Lapuerta para el próximo 4 de noviembre, a pesar del informe de los médicos forenses de la Audiencia Nacional, quienes consideran que no está en condiciones de declarar.

Primera conexión entre la contabilidad B y las cuentas en Suiza

El juez Ruz también ha desvelado una información relevante en el caso. Ha hallado una "correlación temporal y cuantitativa" entre dos apuntes contables que figuran en los 'papeles de Bárcenas' y dos ingresos "por el mismo dinero" en las cuentas en Suiza del extesorero del PP. Se trata de un ingreso realizado en 2001 por un importe de 30.000 euros, vinculado a Cecilio Sánchez, de FCC, y otro de 120.000 Manuel Contreras, de Azvi, efectuado en 2003. El juez sostiene que al menos indiciariamente, ambos supuestos ingresos de ambas empresas en la documentación manuscrita del extesorero, habrían sido trasladados a sus cuentas suizas. Pablo Ruz pide un informe a la UDEF para que rastree estos movimientos y determine la existencia de "correlaciones adicionales entre operaciones de análogas características" a las citadas en esta resolución. Es decir, que el magistrado reclama a la Policía que analice si existe relación entre las distintas entradas de dinero que figuran en los papeles, y los ingresos bancarios efectuados en las cuentas del extesorero del PP.

Fuentes jurídicas destacan la relevancia del descubrimiento. De acreditarse, apuntan, solo habría dos opciones: O Bárcenas robaba dinero negro al PP, o los millones atribuidos a Bárcenas en Suiza son en realidad del Partido Popular. Al menos en parte.

Batería de diligencias sobre Cospedal

En otro auto, el magistrado ha ordenado una batería de diligencias para esclarecer la supuesta comisión de 200.000 euros que cobró el PP de Castilla La Mancha de la empresa Sacyr para la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal en 2007.

Requiere al PP para que en cinco días aporte toda la información contable sobre esa supuesta comisión recibida por el gerente regional del PP, José Ángel Cañas. Cita como imputado al propio Cañas el 6 de noviembre, así como a los empresarios de Sacyr, Luis del Rivero y Manuel Manrique. Ruz también reclama al Ayuntamiento de Toledo la información sobre la adjudicación y contratación del servicio de basuras en la localidad a la empresa Sufi. Esta firma es filial de Sacyr y supuestamente, habría logrado el contrato a cambio de la comisión pagada para la campaña de Cospedal.

No cita como imputado a Vicente Tirado por su condición de aforado, ya que es presidente de las Cortes castellano-manchegas. Tirado también habría participado en la operación.

El juez también pide un informe a la IGAE sobre los registros contables de la adquisición de la sede del PP en La Rioja, y sobre el embargo de 160.000 euros al PP de Pontevedra.

 
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