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Los vigilantes privados podrán detener, cachear e identificar en la calle

La nueva ley da a las empresas de seguridad el control externo de las cárceles. Ambas propuestas se aprueban tras el acuerdo de PP y CiU

El Congreso aprueba la Ley de Seguridad Privada que finalmente va a incluir un apartado especialmente polémico, el que permite a los agentes privados identificar e inmovilizar a personas en la calle y espacios públicos. La enmienda fue incorporada por CiU y PP a última hora durante el trámite en el Senado.

La Comisión de Interior del Congreso aprueba hoy la Ley de Seguridad Privada que da a las empresas de seguridad el control externo de las cárceles y luz verde a una enmienda polémica recién incorporada por PP y Convergencia i Unió. La nueva norma da competencias a los vigilantes de seguridad privada - los agentes identificados coloquialmente como "chaquetas rojas" por su indumentaria- para identificar, inmovilizar y cachear a personas en la calle. La enmienda fue incorporada durante el trámite del Senado por PP y CiU y con la oposición frontal de PSOE y la Izquierda Plural y UPyD.

El portavoz de Interior del PSOE, el diputado asturiano Antonio Trevín, ha expresado la oposición frontal del grupo socialista y asegura que de esta manera el Gobierno extiende la privatización de la seguridad y vulnera las garantías de los ciudadanos. A modo de ejemplo, Trevin explica "Si viene un policía cuando tengo que ir a Preciados camino del hotel estoy muy tranquilo. Cuando viene un vigilante privado, con todos los respetos a esa persona, mi tranquilidad como ciudadano no es la misma".

El diputado del PP, Francisco Marqués de la Rubia, ha acusado a Trevín de inconsistencia en los argumentos por criticar que los vigilantes vayan a tener competencias hasta ahora policiales. Para el PP, si no hay policía, sirven los agentes de centros comerciales, a pesar de que la escasa formación en materia de detenciones e identificaciones. Según ha defendido el diputado Marqués de la Rubia durante la comparecencia parlamentaria, "Si es un agente de las Fuerzas de Seguridad del Estado bien, pero si no es posible porque no hayan llegado, que sea un vigilante de seguridad del edificio que está vigilando intentando prevenir o intentando que no se produzca aquel elemento que provoca inseguridad en el colectivo de ciudadanos".

En el texto definitivo que irá al Senado los agentes privados podrán vigilar el perímetro de exterior de las cárceles, un punto al que se oponen también PSOE, Izquierda Plural y UPyD, junto a los sindicatos policiales que alertaron de un primer paso de privatización del sector de las prisiones. Hasta ahora sólo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podían proteger las cárceles tanto dentro como fuera del perímetro.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz llegó a justificar la nueva regulación que favorece al sector privado porque facilitará "el crecimiento económico de España" ya que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y facturó en 2012 3.215 millones de euros.

¿Qué novedades incluye la ley de Seguridad Privada?

Según especifica Interior en una nota aclaratoria a los medios, la nueva regulación incluye numerosas competencias sin precedentes a agentes de seguridad privada.

Por un lado, cede el control externo de organismos públicos al sector privado. El personal de seguridad "podrá realizar servicios que hasta ahora sólo podían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". En concreto, la vigilancia del perímetro de los CIEs, las cárceles, edificios o instalaciones públicas, además de la prestación de otros servicios complementando la acción policial.

En cuanto a la capacidad de los vigilantes de seguridad para detener, identificar y cachear a ciudadanos en la calle y en espacios públicos, según el texto, "la persecución se podrá hacer a delincuentes sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".

"Obviamente", dice Interior, "no se puede poner al delincuente a disposición de las Fuerzas de Seguridad sin haber procedido previamente a su detención". Es más, continúa, "cualquier ciudadano tiene la facultad de detener al que acaba de cometer un delito"

Lo harán en colaboración con las Fuerzas de Seguridad, es decir, serán finalmente los policías quienes acudan a la detención. Sin embargo, esta cooperación, implica "la cesión de datos de bases policiales a las empresas y la conexión de los servicios para comprobar las informaciones en tiempo real". Término que preocupa a sindicatos policiales ya que no especifica si tendrán que ceder información sobre antecedentes policiales y requerimientos judiciales de ciudadanos a empresa que finalmente hacen negocio, explica José María Benito, portavoz del SUP.

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