Termina el registro de la UDEF en la sede del Partido Popular tras más de 14 horas

Madrid

Dos agentes de la UDEF y el secretario de Pablo Ruz han analizado numerosa documentación y los ordenadores de la sexta planta, buscando toda la información sobre las obras de la sede nacional, pagadas, al parecer, en parte en negro y que han permitido al juez deducir la existencia de una "contabilidad B en el PP continua en el tiempo"

Cerca de las 10:45 de la mañana ha concluido, tras más de 14 horas, la diligencia ordenada pasadas las 20:00 horas de este jueves por el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. En principio se trataba de un requerimiento con agentes de la UDEF, pero se ha convertido en un registro en toda regla. En un 'registro dulcificado', según fuentes conocedoras del caso.

Los dos agentes de la UDEF, especialistas en el caso de la supuesta caja B y uno de ellos experto informático, según ha sabido la SER, han analizado durante toda la noche numerosa documentación y ordenadores situados en la sexta planta, donde se encuentran los despachos de la tesorería del PP, de la gerencia y el departamento de informática. Buscaban los contratos, certificaciones de obra, órdenes de pago y cualquier otro documento relativo a las obras de la sede del Partido Popular, ejecutadas entre 2005 y 2011, encargadas por la formación política al arquitecto Gonzalo Urquijo. Al contrastar parte de estas facturas del PP con la documentación contenida en los 'papeles de Bárcenas' y la información incautada al arquitecto Urquijo el pasado 27 de septiembre, el juez ha llegado a la conclusión, indiciariamente, de que en el PP existía una contabilidad B continua en el tiempo.

Lo ordenado por Ruz es algo más que un requerimiento de documentación. No es la típica petición de un juzgado, en la que se envía al funcionario, todo lo más acompañado de la policía judicial. En este caso se ha enviado a la UDEF. Y en concreto a los agentes especialistas en el caso, con orden de registrar las dependencias del Partido Popular, si no ofrecían la documentación requerida.

El juez Ruz ha decidido enviar a su cuerpo especialista en el caso de la caja B porque el PP remitió el pasado dos de diciembre, a través de la Fiscalía Anticorrupción, documentación distinta sobre las obras de la reforma de la sede, a la que remitió a Ruz cuando éste se la requirió el pasado 30 de julio.

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Documentos sobre certificaciones de obras y pagos al arquitecto Gonzalo Urquijo que el PP no había remitido con anterioridad, según concluyen tanto el magistrado como el fiscal, y que no encajan con la información de que se disponía hasta la fecha.

Por ello el juez envía a los agentes. Para que el PP le dé de una vez, o requisen toda la documentación que exista sobre las obras de la sede nacional del Partido Popular. Las facturas por esos trabajos probarían, para Ruz, la existencia de una "contabilidad B en el PP continua en el tiempo".

El PP "se disparó en el pie"

En la decisión del juez Pablo Ruz, ha tenido mucho que ver la documentación remitida por el propio Partido Popular al magistrado el 2 de diciembre, en su intento de negar la contabilidad B. Aunque en un comunicado el PP ha asegurado que esa documentación es parte de la misma que ya remitió en verano, tanto el juez como el fiscal sostienen lo contrario. Y al cotejarla con el último informe de la UDEF han descubierto nuevos indicios que avalan la supuesta existencia de la contabilidad B, desde la que se habría pagado en negro parte de las obras de la sede central del Partido Popular.

El fiscal Anticorrupción lo puso este jueves en evidencia en el interrogatorio practicado a Juan Rodríguez, el excontable del arquitecto que hizo las obras, Gonzalo Urquijo.

Le preguntó cómo era posible que hubiera una diferencia de más de 140.000 euros entre dos facturaspor una certificación de obras por idéntico concepto de la sede nacional del PP. En concreto, una de las discrepancias se produce al comparar la certificación final de obra de la planta cuarta de la sede del PP incautada al arquitecto, que asciende a 701.418,22 euros, con el mismo documento sobre idéntica planta proporcionado por el PP el pasado 2 de diciembre, que es de 560.895 euros. El excontable no supo explicar la causa del desfase, ni desmintió que la diferencia se debiera a que el pago se hiciera en negro.

El excontable fue despedido de forma fulminante en junio pasado, tras las primeras investigaciones al arquitecto Urquijo. Éste adujo que "desobediencia, incumplimiento de las órdenes marcadas por la dirección e incumplimiento del deber de diligencia y de colaboración en el trabajo". Sin embargo, a pesar de tener motivos para un despido procedente, el arquitecto calificó de improcedente la salida del contable de la empresa, con lo que tuvo derecho a una indemnización mayor, según los correos recogidos en el último informe de la UDEF.