"Hasta que nos escuchen, nos van a oir"

Amnistía Internacional acusa al Gobierno de utilizar la crisis como excusa para recortar en derechos fundamentales, como el acceso a la sanidad, la vivienda o la manifestación pacífica. La ONG entrega en Moncloa 65.000 firmas y 1.400 mensajes ciudadanos grabados por toda España para recordarle a Rajoy que ni se puede restringir los derechos humanos ni silenciar la legítima protesta social.

En una furgoneta negra con una gran fotografía del presidente y el mensaje: "Mariano Rajoy y su Gobierno no escuchan". Así han llegado hoy a las puertas del Palacio de la Moncloa las firmas de protesta contra los recortes que Amnistía Internacional ha recogido en los últimos meses en treinta ciudades españolas.

Activistas de la ONG han hecho entrega de las mismas en el registro de entrada de Moncloa donde también han dejado, un CD destinado a Mariano Rajoy con 1.400 mensajes ciudadanos en los que le piden el fin de unos recortes que están lesionando gravemente los derechos humanos en España.

La campaña pretende dar voz a los casi 900.000 inmigrantes a los que se ha retirado la tarjeta sanitaria, a las decenas de miles de personas víctimas de desahucios y también a quienes han sufrido episodios de represión policial en protestas ciudadanas pacíficas, un derecho, el de manifestación, que podría erosionarse aún más con la futura ley de seguridad ciudadana.

"Que la crisis económica no sea una excusa para violar los derechos humanos. Un mensaje alto y claro en el sentido de que los derechos humanos no pueden ser recortados, ni restringidos, ni desalojados, ni silenciados. Que en momentos de crisis es precisamente cuando hay que atender y proteger más los derechos de las personas más vulnerables. No estamos hablando de recortes, estamos hablando de violaciones de derechos humanos", ha señalado Eva Suárez, directora adjunta de Amnistía Internacional.

En la entrega de firmas ha estado presente Consuelo Baudín, una mujer de 55 años que tuvo que ser hospitalizada durante dos meses tras sufrir el impacto de una pelota de goma disparada por la policía durante la marcha minera celebrada en Madrid en julio de 2012. "Estoy muy asustada porque yo participé en las manifestaciones contra el franquismo y no quiero que este país retroceda a tiempos propios de la dictadura y se convierta en un estado policial que reprime cualquier protesta ciudadana pacífica", ha señalado. "Los poderes públicos no pueden olvidar que vivimos en un Estado de Derecho y los ciudadanos debemos reivindicar nuestros derechos siempre de forma pacífica pero sin miedo ni temor a salir a la calle", ha señalado. Su denuncia se tramita en la Audiencia Provincial de Madrid pero los policías involucrados en el caso no han sido identificados hasta la fecha.