La ONU critica con dureza que España no investigue y enjuicie el franquismo

El relator de Naciones Unidas para la verdad, justicia y reparación critica que la justicia española no haya investigado los crímenes de la dictadura

Duras críticas desde Naciones Unidas a España por no haber investigado y enjuiciado los crímenes de la dictadura franquista. El relator especial de la ONU para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición ha hecho públicas sus primeras conclusiones después de pasar dos semanas en diferentes puntos de nuestro país: critica de forma contundente que España no haya investigado y enjuiciado los crímenes de la dictadura, que exista una "distancia inmensa" entre el Gobierno y las víctimas del franquismo, y también que la Ley de Amnistía "cumpla funciones de una ley de punto final".

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Duras críticas desde Naciones Unidas a España por no haber investigado y enjuiciado los crímenes de la dictadura franquista. El relator especial de la ONU para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición ha hecho públicas sus primeras conclusiones después de pasar dos semanas en diferentes puntos de nuestro país: critica de forma contundente que España no haya investigado y enjuiciado los crímenes de la dictadura, que exista una "distancia inmensa" entre el Gobierno y las víctimas del franquismo, y también que la Ley de Amnistía "cumpla funciones de una ley de punto final".

El relator de la ONU lo tiene claro: anular las sentencias de todos los tribunales creados durante la guerra y el franquismo "es una tarea pendiente en España", y en la justicia es precisamente donde se observan "mayores déficits" en el tratamiento de los crímenes de la guerra y el franquismo. Señala que la Ley de Amnistía de 1977 funciona como una ley de punto final, ya que "se ha utilizado para archivar la práctica totalidad de los casos que llegan a los jueces". A este respecto, de Greiff recomienda que prive de efectos esta Ley, recordando que otros países en situación similar han mantenido sus leyes de amnistía y eso "no ha impedido la investigación y procesamiento de los presuntos responsables", añadiendo que se han encontrado formas de compatibilizar los derechos de los acusados y la búsqueda de la verdad, "en el contexto internacional hay experiencias que sugieren que esto es posible".

En lo relacionado con la justicia, Naciones Unidas también critica que el Tribunal Supremo haya "solidificado la tendencia de los jueces españoles a archivar los procesos que les son presentados" sobre los crímenes de la dictadura, en contraposición, según explican estas primeras conclusiones, con la investigación de crímenes contra la humanidad cometidos en el extranjero como los casos Silingo y Pinochet. Señala que España "debe hacer posible el acceso por parte de las víctimas al aparato judicial, adecuando leyes a estándares internacionales relevantes", y convirtiendo el asunto en una política "de Estado".

"Las víctimas, con razón, no olvidan"

Preguntado por las declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, en las que aseguró que las víctimas del franquismo "sólo se acuerdan de sus padres cuando hay dinero", el relator de la ONU se ha limitado a señalar que los temas que tienen que ver con la verdad, la justicia y la reparación "son temas de derecho, no de bandera política, y es importante que en una democracia todos contribuyamos a resolverlos, dejando a un lado conveniencias partidistas". Para Pablo de Greiff, "las víctimas, con razón, no olvidan", pero también ha señalado que no ha querido "levantar las expectativas de nadie" en cuanto al resultado de su visita.

Preocupación por la modificación de la justicia universal

El relator de Naciones Unidas también ha expresado su preocupación por algunos movimientos legales en España, relacionados con la investigación de los crímenes contra la humanidad: el último proyecto de reforma de la ley de justicia universal, que "limitaría la aplicación del principio de justicia universal y se declararían sobreseídas las causas actualmente en trámite en la justicia española", y también la negativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a extraditar a Argentina a 'Billy el Niño', presunto torturador franquista. Sobre esto, de Greiff también insta a nuestro país a colaborar con los procedimientos judiciales en el exterior, en referencia al proceso judicial que se sigue en Argentina: "Esta decisión representaría cerrar a las víctimas toda posibilidad de acceso a la justicia". Otro asunto por el que el relator se ha mostrado "preocupado" es por la reciente negativa de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía General en torno a la aplicación e interpretación de la Ley de Amnistía.

La acción de los nietos de las víctimas, "una manifestación de la fortaleza de la democracia"

El relator de Naciones Unidas también ha querido destacar la función realizada por la sociedad civil, alabando la acción de los familiares de las víctimas: "El tema lo persiguen mayoritariamente los nietos, una generación que creció en democracia, y que en mi concepto está ejerciendo una concepción de la democracia que debe celebrarse, es una manifestación de la fortaleza de la democracia española". Durante su viaje por España, además de con diversas autoridades el relator de la ONU también se ha reunido con diversas asociaciones de víctimas y colectivos como la Plataforma por la Comisión de la Verdad, los abogados que impulsan la querella argentina o la Fundación Internacional Baltasar Garzón. "Las víctimas no se rinden, y yo tampoco", ha dicho el experto independiente.

"Contextualizar" el Valle de los Caídos

Durante su rueda de prensa, el relator de Naciones Unidas tambiénse ha referido al Valle de los Caídos, defendiendo que "es un ejemplo de que no todo puede ni debe ser destruido o removido". Para Pablo de Greiff, este monumento puede ser "contextualizado" y aprovechado en favor de la promoción de la verdad y la memoria. Reconociendo que el caso del Valle de los Caídos es "singular y particularmente conmovedor por el conocimiento de cómo fue construido", critica que "a día de hoy no hay información en el Valle acerca de cómo se construyó".

De la misma manera, este primer informe del relator de Naciones Unidas ha alabado la gran cantidad de información que hay en torno a la guerra civil y la dictadura franquista, pero ha mostrado su preocupación por su fragmentación, de la misma manera que ha apuntado que "nunca ha existido una política de Estado" a este respecto. "El problema va más allá de los recursos, la memoria en España está caracterizada por la fragmentación". Recomienda también que se potencie la Ley de Memoria Histórica y sus presupuestos económicos.

Las recomendaciones preliminares del relator de la ONU:

1. Implementar las recomendaciones del Comité contra la Tortura, el de Desapariciones Forzadas sobre la necesidad de privar de efectos la Ley de Amnistía de 1977. Hacer posible el acceso de las víctimas a la justicia, colaborar con procedimientos judiciales en el exterior y tomar medidas contra el debilitamiento del ejercicio de la jurisdicción universal en España.

2. Valorar las alternativas que puedan prevenir que la Ley de Amnistía "obstaculice" todas las investigaciones, asegurando los derechos de los imputados y también los de las víctimas.

3. Restablecer y aumentar los recursos dedicados a la memoria histórica.

4. Remediar la fragmentación de las iniciativas en favor de la memoria en España y sistematizar la información ya existente.

5. Ampliar la cobertura de los programas de reparación para incluir a todas las víctimas.

6. Reparar los daños causados a las mujeres, incluso cuando no fueron víctimas directas.

7. Anular las sentencias de todos los tribunales creados durante la guerra y el franquismo.

8. Establecer canales de comunicación entre las autoridades, las víctimas y las asociaciones, evaluando la implementación de la Ley de Memoria Histórica.

9. Atender las peticiones de restitución de propiedades y documentos incautados.

10. Revisar la delegación de las exhumaciones en las asociaciones y asignar los recursos y coordinación de las autoridades judiciales.

11. Establecer una política estatal de archivos que garantice el acceso a todos los fondos incluyendo regulaciones claras, por ejemplo a través de una Ley de Archivos.

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