El Gobierno presenta una nueva propuesta para evitar la quiebra de autopistas
De las nueve en concurso de acreedores, el Ejecutivo plantea a sus concesionarias y a los bancos que asuman una quita de la deuda que supera los 4.000 millones
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Una señal avisa del inicio del cobro de un peaje en las autovías portuguesas por medio de un dispositivo electrónicoEFE
Madrid
El Gobierno piensa ahora, como hace casi un año, en agrupar a las autopistas en una sociedad totalmente publica con una reducción sustancial de la deuda y amplios plazos de amortización para el resto, y evitar así un fuerte impacto en el déficit público, como ocurrirá si al final quiebran las autopistas y la administración tiene que asumir su responsabilidad patrimonial.
En medios financieros se ve muy difícil el acuerdo, aunque no lo descartan. Ven duros los términos en que se plantea y destacan que precisa el acuerdo de muchas partes. Hay medio centenar de bancos acreedores además de las concesionarias.
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Pero aún no hay una respuesta oficial de los bancos, concesionarias y constructoras. El próximo lunes es la fecha de referencia para comprobar qué disposición hay a una propuesta que plantea una quita de en torno al 50% de la deuda, unos 4.600 millones de euros sumando la contraída con los bancos, y las constructoras.
Ahora mismo el gobierno plantea, como hace casi un año, la creación de una empresa totalmente publica, sin participación minoritaria de las concesionarias, como se barajó hace unos meses. Aunque también se baraja la alternativa de dejar quebrar las autopistas, nueve ya en concurso de acreedores.
Una losa para los Gobiernos
Las autopistas de última generación, entre ellas las radiales de Madrid, se concibieron en pleno ciclo alcista, en la primera legislatura de Aznar, y entraron en servicio a partir de la segunda. Nunca se aproximaron a sus previsiones de tráfico y éste se hundió con la crisis, al tiempo que se disparaban los costes, de las expropiaciones, entre otros. Ya el Gobierno zapatero tuvo que sostenerlas con avales y créditos participativos, que repitió el de Rajoy, pero sin poder evitar que nueve hayan entrado ya en concurso de acreedores.
El Gobierno podría dejarlas quebrar. Pero tendría que asumir la responsabilidad patrimonial de la administración, con impacto directo en el déficit público. Y ha buscado minimizar esto con fórmulas como la creación de una empresa pública, con una quita en la deuda y un largo plazo de amortización.
