5 detenidos y 14 imputados por falsificar el catastro de Granada a cambio de comisiones
Los investigadores han detectado como algunos propietarios habían puesto a su nombre fincas cuya titularidad legal era de personas fallecidas. Los funcionarios llegaron a cobrar por gestiones que de manera legal habrían sido gratuitas.
Es la segunda fase de la Operación Isolda desarrollada por la Guardia Civil. Los agentes han detenido a un funcionario de la Gerencia Territorial del catastro de Granada, un exfuncionario, un abogado y dos particulares por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias. Hay 14 imputados, entre ellos, la alcaldesa de Lobras, la socialista Ana Rodríguez.
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La Guardia Civil da por concluida la operación Isolda contra una trama fraudulenta en el seno de la gerencia del Catastro de Granada donde un grupo de funcionarios, en connivencia con arquitectos y abogados, cobraban presuntamente por modificaciones ilegales del catastro. Los cambios en el trazado de las propiedades del catastro y las modificaciones del dibujo de los terrenos han sido muy complejos de detectar en el transcurso de los últimos dos años de investigación hasta llegar a las detenciones e imputados de esta última fase.
En total hay 5 detenidos. Un funcionario, un exfuncionario, un abogado y dos particulares por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias. Además de 14 imputados, entre ellos, la alcaldesa de Lobras, la socialista Ana Rodríguez.
Según fuentes de la investigación, parte de las modificaciones fraudulentas en el catastro se pagaban a la trama por los propietarios, gestiones que de manera legal habrían sido gratis. A través de las modificaciones, terceras personas se apropiaron de fincas cuya titularidad legal era de personas fallecidas.
Entre las gestiones irregulares detectadas, los agentes han podido documentar y confirmar como la red emitía resoluciones y certificaciones catastrales por parte de ciertos funcionarios en beneficio de terceros. Los propietarios, a sabiendas de la irregularidad, utilizaban la documentación para alterar la titularidad de las parcelas, frenar expedientes sancionadores por irregularidades urbanísticas, regularizar edificaciones realizadas en terreno rústico (terrenos donde levantaban incluso nuevas viviendas) o evitar responsabilidades derivadas de delitos urbanísticos.
En la primera fase de la Operación Isolda, hace ahora un año, los agentes del Grupo contra los delitos de la Administración Publica de la Guardia Civil -antes grupo de Urbanismo- se saldó con tres detenidos acusados -como en esta segunda fase- de modificar las bases de datos del catastro con el fin de obtener certificaciones catastrales falsas para terceros. Los funcionarios presuntamente alteraban la titularidad de las fincas, modificaban los registros públicos. A cambio, los propietarios presuntamente pagaban las comisiones correspondientes.
La investigación se instruye en el Juzgado de Instrucción nº1 de Granada, llevada a cabo por el Grupo de Delitos contra la Administración Pública de la Unidad Central Operativa (UCO) en colaboración con la Dirección general del Catastro del Ministerio de Hacienda.
