La Fiscalía rechaza el archivo de los crímenes del Sahara Occidental

El Ministerio Público entiende que la justicia española es competente para investigar las querellas que denuncian la muerte de un español en El Aaiún en 2010 y las presuntas torturas y crímenes cometidas en Tindouf por el Frente Polisario

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto al archivo de las dos causas judiciales que investigan los presuntos crímenes cometidos por Marruecos y el Frente Polisario contra la población del Sahara Occidental. Entiende el Ministerio Público que en 1976 el Sahara Occidental era "una provincia española y España sigue siendo la Potencia Administradora 'de iure'", y rechaza el archivo de las investigaciones de la muerte de un ciudadano español en El Aaiún y de detenciones ilegales y torturas en el campamento de Tindouf.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que la nueva ley de justicia universal no sirve para mandar al cajón las dos causas que investigan los crímenes presuntamente cometidos por Marruecos contra la población del Sahara Occidental durante los últimos 30 años. En sendos escritos, firmados por los fiscales Pedro Rubira y José Perals, se razona que en ambos casos, la investigación de un ciudadano español en El Aaiún en 2010 y los crímenes del Frente Polisario contra los refugiados en Tindouf a partir de 1976, la justicia española sigue siendo competente para investigar estos hechos ya que por un lado razona que el Sahara Occidental era entonces territorio español, y que por otro lado en la actualidad España sigue siendo "de derecho" la potencia administradora de este territorio.

Son dos casos que se investigan en la Audiencia Nacional. El primero, la querella presentada por la familia del ciudadano español Baby Handay Buyema, muerto durante el asalto del ejército marroquí contra el campamento saharaui de El Aaiún en noviembre de 2010. A este respecto, el fiscal Pedro Rubira razona que en la actualidad España "sigue siendo 'de iure' la potencia administradora del Sahara Occidental y, como tal, hasta que finalice el periodo de descolonización tiene las obligaciones recogidas en la Carta de Naciones Unidas". Por tanto, para el fiscal la nueva reforma de la justicia universal no afecta a este procedimiento y la investigación debe seguir adelante.

Un razonamiento muy similar al que hace en su escrito el fiscal Pedro Rubira sobre la investigación que el juez Pablo Ruz lleva sobre el genocidio de disidentes del Frente Polisario en los campos de Tinduf a partir de 1976. Para el fiscal, estos delitos se habrían cometido cuando "el Sahara Occidental aún era provincia española" y por tanto se habrían cometido en territorio español, por lo que cumplirían con los requisitos de la nueva ley de justicia universal. Añade también que "Marruecos no tiene la soberanía sobre el territorio" por lo que no se estaría invadiendo el territorio jurisdiccional de este país. En esta investigación, el juez Pablo Ruz ha imputado a dos dirigentes del Frente Polisario, el exministro de Defensa Brahim Ghali y el miembro de seguridad Mahjoub Lincoln, por presuntos delitos de genocidio y torturas contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tindouf (Argelia).

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