CiU pide más de 15 años de cárcel para los ultras que asaltaron Blanquerna

La formación política Convergència i Unió (CiU) ha pedido formalmente que los ultras que asaltaron la sede de la Generalitat en Madrid durante la última Diada sean condenados a penas que superan los quince años de prisión. La representación legal de la formación política, que también defiende al portavoz del partido Josep Sánchez Llibre, acusa a los quince encausados de varios delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y ultraje a la bandera catalana, entre otros, todos con el agravante de los motivos ideológicos.

Convergència i Unió ha formalizado su acusación contra los quince ultraderechistas encausados por haber asaltado la librería Blanquerna en Madrid, la sede de la Generalitat en la capital, durante la última Diada del 11 de septiembre. En su escrito, la formación política pide condenas de más de 15 años de prisión para los encausados, acusándoles de varios delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, injurias, amenazas y otro de ultraje a la bandera catalana. En cuanto a las indemnizaciones, especifica que Sánchez Llibre ha renunciado a recibir ninguna cantidad económica.

Contra 14 de los acusados, la condena que se pide es de quince años y nueve meses de prisión. Una petición de condena que aumenta a los 16 años y nueve meses en el caso de uno de los asaltantes, que según CiU incidió en agravante de disfraz y también en reincidencia. Según el escrito de acusación de la formación política y su portavoz, los acusados "se reunieron en la Plaza Cibeles y, desde allí, se desplazaron en grupo hasta el Centro Cultural, accediendo al inmueble en tropel y violentamente en un grupo compacto". Una vez dentro, entre empujones y gritos de "¡No nos engañan, Cataluña es España!", habrían agredido entre otros a Sánchez Llibre y al delegado de la Generalitat en Madrid, Josep María Bosch.

La representación legal de CiU, llevada por el despacho Entrena Abogados, a la espera de que se pronuncie la Fiscalía les atribuye delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, daños, contra los derechos fundamentales, injurias, amenazas, faltas de lesiones y maltrato de obra y por último un delito de ultraje contra la bandera catalana.

Hace unas semanas, el juez que investiga estos hechos transformó la instrucción en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral, y pidió a las partes que formalizaran su acusación contra los 15 encausados. Archivó el procedimiento contra otros cuatro detenidos el 11 de septiembre, por entender que no se podía probar que hubieran accedido al interior del edificio, donde se habrían cometido los delitos.