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La quiebra sobrevuela RTVE

Un informe oficial desvela la delicadísima situación económica que atraviesa el ente público

RTVE en dificultades económicas muy seriasRTVE

Un agujero de 800 millones de euros. Esa es la cifra de pérdidas acumuladas que arroja un informe oficial sobre RTVE al que ha tenido acceso el diario El Mundo. Con la ley en la mano y estas cifras, RTVE estaría al borde de la quiebra, lo que conllevaría el cese de su Consejo de Administración con su presidente, González-Echenique, a la cabeza. El gobierno baraja soluciones de emergencia como la concesión extraordinaria de un crédito de hasta 120 millones de euros.

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El cambio del modelo de financiación de RTVE, aprobado en 2009 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, supuso en términos económicos un antes y un después en la Corporación. El ente público pasó de presentar unas cuentas saneadas de casi 1,5 millones de beneficio a, cinco años después y con otros gestores, estar al borde de la quiebra.

El cambio de modelo de financiación suponía el fin de los ingresos por publicidad en RTVE y dejaba como casi las únicas fuentes en este apartado las partidas presupuestarias procedentes del Estado y las cuotas fijadas que deberían pagar al ente público los operadores de Telecomunicaciones.

Con este nuevo modelo, tal cual recoge el informe oficial que menciona el texto de El Mundo, RTVE habría estado generando un déficit de más de 100 millones de euros anuales, pues los gastos rondarían los 1000 millones de euros por los algo más de 850 millones de ingresos.

La Ley de Sociedades de Capital establece como "causa de disolución" que dicho agujero supere la mitad del capital social del ente público. De este modo, los 800 millones de euros de deuda superarían los 1.510 millones de que componen el capital social de RTVE.

Nuevo modelo de financiación y evitar el escándalo de la disolución

Desde el Gobierno se trabaja en perfilar un nuevo modelo de financiación habida cuenta del fracaso del actual. En el nuevo modelo no parece que la vuelta a la publicidad sea una de las opciones, pues sería algo que provocaría el desencuentro -aún más tras el cierre de canales TDT- con las televisiones privadas.

En este sentido, el mes pasado, el Grupo Parlamentario Popular propuso cambios en la Ley para aumentar los ingresos de la Corporación. Esos cambios iban en la línea de modificar la gestión en la contratación de recursos ajenos para sus programas.

Sin embargo, lo que más urge al ejecutivo de Mariano Rajoy es evitar la quiebra de RTVE de la que alerta el informe oficial al que se refiere esta información. Tanto por los problemas que esto conllevaría como por la nefasta imagen que depararía para el gobierno.

Así, desde el ejecutivo se manejan -según El Mundo- cuatro posibles líneas de actuación. La primera sería echar mano de la Disposición Adicional Única del Real Decreto Ley 10/2008. Una opción a la que quizá no pueda agarrarse legalmente RTVE y que, en el caso de llevarse a cabo, tan sólo supondría una solución contable y no real de la deuda. La segunda medida que podría evitar la quiebra tampoco sería una solución a largo plazo. Consistiría en que el Gobierno destinase más de 300 millones de euros como aportación especial para compensar las pérdidas acumuladas.

Más factible parece la tercera vía: aumentar en 100 millones anuales la aportación del Estado. El problema es que esta medida obligaría a que el Consejo de Ministros aprobara de manera urgente un crédito extraordinariio de hasta 120 millones, ya que dicho incremento de la aportación no está previsto en el Presupuesto del Estado.

Por último, cabría una cuarta posible medida que combinaría aspectos de las anteriores y que supondría una modificación de la Ley de Financiación de RTVE.

Conviene recordar que el cese de toda la cúpula de RTVE no sólo salpicaría al gobierno, pues en el Consejo de Administración también están representados partidos de la Oposición. En caso de que finalmente se produjera la disolución de RTVE, el Sepi -organismo dependiente de Hacienda- designaría a un administrador único mientras el Congreso pactaría un nuevo Consejo de Administración.

 
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