Un exconcejal admite adjudicaciones en Pozuelo por orden del exmarido de Mato

Madrid

El exconcejal de Deportes en el madrileño municipio de Pozuelo de Alarcón, José de Costa, reconoce que adjudicó varios contratos a la trama Gürtel "por orden de alcaldía" cuando ese cargo lo ocupaba Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato imputado por estar a sueldo, y recibir regalos y viajes a cuenta de la organización supuestamente corrupta liderada por Francisco Correa. Unos regalos y viajes de los que también se benefició, según la UDEF, la actual ministra de Sanidad.

Los interrogatorios para ultimar la pieza que afecta al que fuera empleado del PP hasta el año pasado, a pesar de estar imputado, continúan esta mañana ante el juez Ruz. El exconcejal José de Costa también ha manifestado, según fuentes jurídicas, que firmó dos de los contratos de adjudicación al entramado porque en esas fechas no se encontraba en el ayuntamiento Jesús Sepúlveda.

El titular del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha ordenado este interrogatorio para cerrar la parte de la instrucción del caso Gürtel que afecta a Sepúlveda. En concreto, los citados para este jueves como testigos son la delegada especial de urbanizaciones del ayuntamiento de Pozuelo entre 2003 y 2007, África Sánchez Marín; el concejal de Deportes del mismo municipio en idéntico periodo, Ignacio José de Costa González; el empresario Juan Pequero Manovel; y el ingeniero municipal de caminos Leopoldo Gómez Gutiérrez; para que aclaren las adjudicaciones a la trama de Correa.

Asimismo, Pablo Ruz ha pedido al juzgado número 3 de Pozuelo que le informe sobre el estado de las diligencias que abrió relacionadas con la causa, y que se recabe toda la documentación de la empresa Asfaltos Vicálvaro SL relativa al contrato firmado con la sociedad Constructora Hispánica, del también imputado Alfonso García-Pozuelo, sobre el proyecto de obras "operación asfalto 2004" en la localidad.

Pozuelo decidió en 2004 asfaltar varias calles del municipio. Para ello, convocó un concurso que ganó una UTE formada por Instalaciones y Montajes Eléctricos Velasco y Asfaltos Vicálvaro. El valor de la obra era, inicialmente, de 1,84 millones de euros. Pero la obra acabó costando un 30.5% más por causas irregulares, según un informe de Hacienda.

A sueldo de Correa

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional ha elaborado varios informes en los que ha concluido que la familia Sepúlveda-Mato se benefició de pagos abonados por las empresas de Correa.

En concreto, Sepúlveda habría recibido en concepto de comisiones cerca de 500.000 euros, tanto por adjudicaciones en Pozuelo como por sus gestiones para beneficiar al entramado en las campañas electorales del PP. Gran parte de los pagos tuvo periodicidad mensual, sobre todo entre los años 2002 y 2004, con importes que oscilaron entre los 8.000 y los 24.000 euros hasta sumar un total de 256.259 euros. Además, habría cobrado otros 144.000 euros, y 60.000 más por una comisión al adjudicar una obra a la trama.

Viajes, regalos, fiestas y primera comunión

La familia también habría disfrutado del pago de regalos y viajes por un valor superior a los 50.000 euros. Ana Mato y Jesús Sepúlveda, según los informes policiales, viajaron por los mejores hoteles de Europa o visitaron Disneyland París siempre a cuenta de Francisco Correa. La hoy ministra de Sanidad también recibió, supuestamente, un regalo Louis Vuitton, y la trama llegó a pagarle las fiestas de cumpleaños con payasos y confeti de sus hijos y su primera comunión.

Sepúlveda está imputado por delitos de cohecho, malversación, prevaricación y fraude fiscal, por favorecer supuestamente al entramado a cambio de pagos en B y regalos de los que también se benefició su esposa, la hoy ministra de Sanidad, Ana Mato.

Empleado en el PP pese a estar imputado

A pesar de estar vinculado a la trama liderada por Francisco Correa desde el principio, Jesús Sepúlveda permaneció a sueldo del PP hasta el año pasado. En marzo de 2013 recibió una indemnización de 229.000 euros del Partido Popular tras presentar una demanda ante el Servicio de Arbitraje y Conciliación de Madrid. La formación política admitió que se trataba de un despido improcedente.