La mitad del Poder Judicial emite votos contrarios al informe de la 'ley Gallardón'

Once vocales del Consejo General del Poder Judicial firman votos particulares contrarios al informe sobre la reforma judicial de Gallardón

Once de los veintiún miembros del Consejo General del Poder Judicial han firmado votos particulares contrarios al informe que el órgano de gobierno de los jueces aprobó sobre la reforma judicial propuesta por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Algunos vocales consideran que el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de Gallardón se ha realizado "sin explicar ni el qué ni el cómo ni por qué" y otros se centran en aspectos más técnicos del informe como la presidencia de la Comisión de Igualdad.

Más de la mitad del Poder Judicial no quedó completamente satisfecha con el informe final de este organismo sobre el proyecto de reforma judicial de Alberto Ruiz-Gallardón. Once de los veintiún vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial han emitido diversos votos particulares contrarios a este informe, que en líneas generales daba el aprobado al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, criticando algunos la totalidad de la reforma por considerarla "injustificada e innecesaria", dudando de la operatividad del proyecto, y otros algunos aspectos más técnicos de un informe sobre un anteproyecto que suma más de seiscientos artículos en su redacción actual.

Los vocales que han firmado estos 7 votos particulares con Clara Martínez de Careaga, María Ángeles Carmona, Álvaro Cuesta, Enrique Lucas, Mercè Pigem, Roser Bach, María Victoria Cinto, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y Gerardo Martínez Tristán.

El voto particular más contundente lo firman Pigem y Lucas: después de afirmar que el informe final del Poder Judicial "adolece de carencias importantes", proceden a hacer una enmienda a la totalidad de la futura Ley. Sostienen estos vocales que el nuevo modelo que propone Ruiz-Gallardón para la justicia española "trastoca profundamente elementos sin explicar ni el qué ni el cómo ni el porqué de tan drásticos cambios ni lo que es casi más preocupante, sin aclarar en lo más mínimo como se efectuará el tránsito de un modelo a otro ni con qué coste", criticando también que su estructura y redacción sean "deficientes" y den la sensación de "ser fruto de una redacción atropellada". Estos dos vocales también apuntan a lo que consideran una falta de previsión: "Son cambios profundos que no se acompañan de los estudios y análisis previos de cada uno de ellos, que pudieran justificarlos, ni de los problemas y los plazos que pueda requerir su implantación práctica".

Igual de contundente es el escrito firmado por la vocal Roser Bach y otros cinco de sus compañeros, en el que se acusa al Gobierno de proponer una reforma "que choca frontalmente con los mandatos constitucionales sobre el poder judicial: los de independencia, determinación legal, inamovilidad, responsabilidad y sumisión únicamente al imperio de la ley". Acusan también al anteproyecto de proponer un sistema de "dudosa operatividad".

"Suprimamos las limitaciones legales para nombrar a quien nos interese"

El informe cuenta con un voto particular significativo de la presidenta de la Comisión de Igualdad, Clara Martínez de Careaga, quien critica que sus compañeros hicieran la siguiente recomendación: "No parece apropiado que se imponga que la presidencia recaiga sobre una mujer", afirmación realizada en base a la ampliación de competencias que una reciente modificación parlamentaria atribuye a esta Comisión. Arranca con dureza esta vocal a criticar este aspecto del informe, acusando a la mayoría conservadora del Consejo de "suprimir las fastidiosas limitaciones legales para poder nombrar a quien nos interese". Para Martínez de Careaga, esta propuesta de sus colegas no es conveniente: "Basta decir que de las cuatro comisiones del Consejo, sólo una está presidida por una mujer".

A favor de la jurisprudencia vinculante del Supremo

El voto particular del vocal conservador Gerardo Martínez Tristán incide sobre uno de los puntos que el informe final aprobado criticó con contundencia: la posibilidad de que parte de la doctrina del Tribunal Supremo pase a ser vinculante para el resto de jueces españoles. Entiende el vocal que, en contra de lo considerado por el informe, esta medida "potencia la mayor uniformidad de las resoluciones judiciales, reduciendo las contradicciones e incrementando la seguridad jurídica, fortificando la función unificadora del Tribunal Supremo". Para Martínez Tristán, el Consejo tendría que haber avalado esta medida aunque acompañándola de varias propuestas que aseguren su buen funcionamiento.

El texto del vocal Álvaro Cuesta cree que el Consejo tendría que haber propuesto al Gobierno la introducción de la jurisdicción civil en la Audiencia Nacional, "que sería muy oportuna para el enjuiciamiento, por ejemplo, de acciones en materia de protección de consumidores", así como propone ampliar la competencia penal de este organismo a delitos relacionados con la delincuencia organizada.

El voto particular María Ángeles Carmona se centra en la recomendación que hace el informe sobre la inclusión de letrados de la Administración de Justicia en las Unidades de Apoyo Directo a jueces, y también en la denominación que los vocales proponían para los letrados de la Administración de Justicia.

Un último voto, firmado por tres vocales, pone en tela de juicio la oportunidad y viabilidad de la modificación propuesta para el régimen de sustituciones: "No procede sino realizar una valoración negativa de la degradación normativa a que se ven sometidas cuestiones vinculadas a la correcta prestación del servicio público de la justicia", en alusión al cambio drástico que el Gobierno propone para la figura de los sustitutos.

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