¿Ahora se protegería a la pequeña Andrea?

La pequeña Andrea murió en 2003 a manos de su padre, a pesar del medio centenar de peticiones de su madre, víctima de violencia machista, para que se le protegiera durante las visitas con su progenitor. Once años después sería más complicado que un caso similar se repitiera, aseguran expertos en la materia.

La pequeña Andrea murió en 2003 a manos de su padre, a pesar del medio centenar de peticiones de su madre, víctima de violencia machista, para que se le protegiera durante las visitas con su progenitor. Once años después sería más complicado que un caso similar se repitiera, aseguran expertos en la materia.

Naciones Unidas, en un dictamen que se conoció el pasado lunes reprobó a España por haber actuado de forma negligente y no proteger a la menor, después de que la madre, Ángela González, recurriera a este organismo internacional en 2012 -tras pleitear durante nueve años en España- en busca de justicia.

En ese dictamen, emitido concretamente por el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), se reconoce que España ha hecho frente a la violencia de género por medio de la formulación de leyes, concienciación y educación, incluyendo la ley contra la violencia de género de 2004.

Pero señala también que persisten costumbres y prácticas por parte de jueces, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes que constituyen discriminación contra las mujeres.

Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguran que desde 2003 "ha llovido mucho a mejor" y además recuerdan que el Gobierno va a modificar la ley integral contra la violencia de género para incluir a los menores como víctimas directas, tal y como recoge el anteproyecto de ley de protección a la infancia.

Además, la norma incluirá el deber del juez de pronunciarse sobre las medidas civiles de protección en cuanto al régimen de visitas en los casos de violencia y si no las adopta, tendrá que justificar su decisión; "la no adopción también tendrá que estar fundamentada", señalan las fuentes del departamento que dirige Ana Mato.

En la ley de protección a la infancia se promueve, asimismo, que el menor esté siempre con la madre durante y después de la instrucción de los casos de violencia machista.

Los cambios de la norma también persiguen aumentar y garantizar la formación de aquellos que elaboran los informes sobre la situación de la víctima de violencia de género como psicólogos y trabajadores sociales para que ofrezcan al juez toda la información al respecto.

El Estatuto de la Víctima, aprobado recientemente, también visibiliza a los menores como víctimas directas de este tipo de violencia al garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y apoyo y la adopción de medidas de protección.

El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente considera que los menores "están protegidos perfectamente" con la actual ley integral de violencia y no cree necesaria su modificación.

"Con la ley tal y como está, si se desarrollara en su plenitud, los menores estarían totalmente protegidos porque teóricamente la ley lo permite y en la práctica se demuestra que se está aplicando", abunda Lorente.

Señala que si el juez no adopta las medidas para proteger a un menor no es porque la legislación lo impida sino porque no está concienciado de que esta lacra también afecta a los hijos de las víctimas.

"Hay quien no toma conciencia de que los menores son utilizados para controlar a la mujer incluso para dañarla a través del homicidio", asevera Lorente, quien indica que con la legislación actual los jueces pueden adoptar medidas de alejamiento del agresor hacia los menores y no sólo hacia las madres.

Para Save the Children, en la reforma que prepara el Gobierno es necesario que se concreten qué tipo de medidas se van a establecer para "identificar, derivar y atender de manera adecuada" a los menores que sufren la violencia de género.

"Se atienden de manera urgente los casos más graves, pero los niños deberían ser valorados teniendo en cuenta que viven en un ambiente donde hay un desequilibrio de poder y la violencia genera valores negativos para todos los ámbitos de su desarrollo", reclama Liliana Orjuela, coordinadora de Derechos de Infancia en esta ONG.