Un juez otorga visitas a un preso acusado de matar a su esposa y madre de la menor

Un juez de Aranjuez otorga el régimen de visitas a un padre que se encuentra en prisión preventiva acusado de haber asesinado a su mujer y madre de la niña de ambos, de tan sólo cuatro años. La menor estaba en la casa en el momento de los hechos. El juez permite a este guardia civil que salga todos los meses de la cárcel para ver a la hija en un punto de encuentro a pesar de que hace un año le retiró la patria potestad por la gravedad de este caso de violencia machista extrema. La primera visita ya se celebró el pasado viernes. La familia materna, que ejerce la patria potestad y la custodia, ha presentado un recurso de apelacion contra unas visitas que recomienda el equipo psicosocial del juzgado y a las que se oponen, sin embargo, la sicóloga y siquiatra que atienden a la pequeña.

A pesar de que inicialmente el juez de Aranjuez consideró perjudicial para el futuro desarrollo de la menor el contacto con su progenitor, al que le retiró la patria potestad y la guarda y custodia, ahora ha decidido otorgar el régimen de visitas al padre. El hombre, un cabo de la guardia civil, se encuentra en prisión preventiva desde hace más de un año por el presunto asesinato de su mujer y madre de la niña.

El juez justifica su sorprendente resolución en el informe favorable emitido por el equipo psicosocial del juzgado. Este informe "recomienda" las visitas y afirma que "en el momento actual es lo más beneficioso para la pequeña" pese a que la sicóloga y siquiatra que atienden a la niña son contrarias.

El juez permite al preso salir custodiado de la cartel para que pueda ver a la niña, unas visitas que serán mensuales y supervisadas en el punto de encuentro, con una duración de cuatro horas y con la presencia en las tres primeras de los abuelos paternos. El auto, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, añade que el padre no podrá manipular a la menor, que no podrá cuestionar o descalificar a la familia materna que es la que está ejerciendo la custodia y la patria potestad y que sólo podrá hablar con la niña del colegio y de sus actividades diarias.

Ya se celebró la primera visita. Fue el pasado viernes y duró dos y no cuatro horas por problemas de tiempo en el punto de encuentro. La familia materna, que ejerce la patria potestad y la custodia de la menor, ha recurrido la decisión del juez ante la Audiencia provincial de Madrid. Está muy preocupada por las consecuencias que puede generar en la menor que estaba en el domicilio en el momento de los hechos.

Raul Romero Peña es un guardia civil que presuntamente mató a su esposa el diez de marzo de 2013 en Aranjuez. Simuló que fue un suicidio. Esa noche llamó a la Policía para alertar de que su mujer yacía en la cama con un disparo en la cabeza. Contó que el estaba en el salón y que escuchó una detonación en el dormitorio. La hija de ambos, que tenía tres años entonces, estaba en la casa. Romero Peña alegó que su mujer se había quitado la vida con su arma reglamentaria por problemas de depresión. Pero la policía no le creyó. Fue detenido tres meses más tarde e ingresó en prisión el seis de junio del año pasado. En sus autos, el juez apunta que la mató porque ella decidió separarse de él. Todavía no se ha celebrado el juicio.

Las expertas en violencia de género consideran que esta decisión judicial demuestra la necesidad de que el Gobierno cumpla ya con lo que establece la histórica condena de la ONU a España emitida en el mes de agosto. La condena por negligencia en el caso de Angela Gonzalez Carreño. Uno de los aspectos fundamentales de ese dictamen vinculante de la CEDAW es el que se refiere a restringir la custodias y visitas en casos de malos tratos y que obliga además a que jueces, fiscales, abogados de oficio y trabajadores sociales reciban formación especializada para eliminar los estereotipos de género con el objetivo de proteger a las víctimas y a sus hijos. Los juzgados tienden a sentenciar que es mejor que los menores conserven la relación con sus padres aunque sean maltratadores. De hecho, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, los jueces solo suspenden las visitas en el 3 por ciento de los casos de violencia de género y retiran las custodias solo en el 6 por ciento.

El PSOE pide medidas urgentes al Gobierno. Exige que acometa reformas legales para acotar el margen de maniobra de los jueces con el objetivo de que se salvaguarde el interés del menor. "Decisiones como esta minimizan la violencia, se lanza el mensaje de que puedes asesinar a tu esposa y no pasa nada porque esto no te priva de ningún privilegio paterno, cuando los derechos los tienen los menores, no los progenitores y menos cuando son violentos" afirma con contundencia la diputada socialista y experta en violencia de género Ángeles Álvarez quien recuerda que el año pasado defendió en el Congreso una proposición de ley para reforzar precisamente la protección de los menores y el PP se la tumbó.