El conservador Marchena es elegido nuevo presidente de la sala penal del Supremo
El pleno del Consejo General del Poder Judicial elige a Manuel Marchena (12 votos) para presidir la sala segunda por delante de Conde-Pumpido (7 votos) y Miguel Colmenero (1 voto)
El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido a Manuel Marchena, juez de corte conservador, como nuevo presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Marchena se ha impuesto con 12 votos por delante de los otros dos candidatos: Cándido Conde-Pumpido (7) y Miguel Colmenero (1).
Un juez de corte conservador ha sido el elegido para presidir la sala de lo penal del Tribunal Supremo. El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido que el magistrado Manuel Marchena será quien suceda a Juan Saavedra, que alcanzó la edad de jubilación hace veinte días.
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El pleno le ha otorgado 12 votos por delante de los 7 de Conde-Pumpido y el voto que ha sacado Miguel Colmenero.
De la pluma al ordenador
En su discurso de candidatura ante la Comisión Permanente del Poder Judicial a principios de septiembre, Marchena hizo una declaración de intenciones para modernizar la sala que ahora pasa a presidir: "Hay una fidelidad existencial a la pluma estilográfica que es mejorable". Ante los vocales, Marchena propuso dejar atrás algunos sistemas informáticos que usa el Tribunal Supremo en la actualidad y utilizar nuevas plataformas para compartir información con el resto de órganos jurisdiccionales, especialmente en lo relativo a novedades de doctrina de la sala.
El padre de la 'doctrina Atutxa' y el juez que investigó a Garzón
Manuel Marchena, de 55 años de edad, llegó al Tribunal Supremo en 2007 a través del turno de juristas de reconocida competencia después de haber sido fiscal durante más de veinte años. Fue ponente de la sentencia de 2008 que condenó al expresidente de la cámara vasca, Juan María Atutxa, en una decisión controvertida dentro de la propia sala, estableciendo la doctrina nombrada tras el apellido del político que afecta al ámbito de posibilidades de la acción popular y la de la Fiscalía en ciertos delitos. También fue el juez que investigó a, y archivo la causa contra, Baltasar Garzón por los cursos de Nueva York.
En la mirilla de la opinión pública
Las decisiones de la sala de lo penal del Tribunal Supremo son de las que más portadas ocupan y las que más relevancia adquieren ante la opinión pública: delitos de corrupción, económicos, asesinatos o robos son con los que trabajan estos jueces del alto tribunal. Y la sala de lo penal tiene en su horizonte cercano algunos asuntos de gran relevancia: está previsto que para enero una de las secciones dicte sentencia definitiva sobre el 'caso Malaya', la mayor trama de corrupción que hasta la fecha haya conocido la justicia española. También está a la espera de decidir si se queda con nada, todo o parte de la mastodóntica causa de los 'ERE andaluces' después de que Mercedes Alaya haya elevado una exposición razonada en lo que a los aforados Griñán y Chaves se refiere. La jueza instructora de la 'operación Pokémon' también ha mostrado su intención de enviar parte de la causa al Supremo, así como todavía esperan los jueces de lo penal para saber si podrán enjuiciar a Elena Diego (PSOE) e investigar a Miguel Zerolo (Coalición Canaria) después de que hayan abandonado sus respectivos escaños de senadores.
A lo largo de éste último año, las distintas secciones de la sala de lo penal también han tenido que instruir, enjuiciar y sentenciar algunos de los asuntos más polémicos del curso: las condenas de Jaume Matas y Carlos Fabra, la sentencia del 'caso Faisán', la revocación de las excarcelaciones de presuntos narcotraficantes en aplicación de la nueva justicia universal, la condena de Isabel Pantoja por el 'caso Blanqueo', la aplicación de la sentencia europea sobre la 'doctrina Parot', el caso de la muerte de Marta del Castillo o las querellas interpuestas contra Ignacio González por el ático de Estepona.