Anticorrupción rebaja la acusación a los responsables de Caja Castilla - La Mancha
El fiscal pide 2.5 años de cárcel para el expresidente y el exdirector general al acusarles solo de falsear las cuentas, y tampoco exige fianzas de responsabilidad civil a pesar del "perjuicio económico" ocasionado a la entidad, que necesitó un rescate de 9.000 millones
El Estado corre el riesgo de no lograr cantidad económica alguna, según fuentes jurídicas, porque el Fondo de Garantía de Depósitos no se ha personado en el procedimiento para exigir el dinero defraudado y el fiscal no reclama responsabilidad civil.
La fiscalía Anticorrupción limita a falsedad de cuentas, la acusación contra el expresidente de Caja Castilla - La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y el exdirector general, Ildefonso Ortega, cuando en su escrito preparatorio para el juicio oral, el juez Pablo Ruz veía además indicios contra ambos de administración desdeal.
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No solo eso; el fiscal no exige responsabilidad económica alguna a los acusados, a pesar de que el magistrado concluyó que existió un "perjuicio económico" para la caja y el Fondo de Garantía de Depósitos por la aprobación de créditos dudosos y la falsificación de las cuentas en 2008. Un perjuicio económico cifrado en 253.8 millones por estos créditos dudosos concedidos a constructores, en una entidad que precisó un rescate de 9.000 millones de euros.
Se da la circunstancia de que el "perjudicado" por esos préstamos concedidos por los responsables es el Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, el Gobierno, pero no está personado en el procedimiento por lo que no podrá reclamar las cantidades adeudadas a no ser que ejerza esta iniciativa próximamente.
El fiscal Anticorrupción, Luis Rodríguez Sol, pide 2 años y medio de cárcel para cada uno de los acusados e inhabilitación para el cargo.
