Una redada anticorrupción deja 51 detenidos, entre ellos Granados
El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y el empresario y amigo de Granados, David Marjaliza, entre los detenidos
Madrid
El Juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha ordenado la detención del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados y varios alcaldes y constructores por el pago de dinero a cambio de favores políticos. Entre los implicados también están David Marjaliza, conocido de Granados y que también aparecía en los papeles de Método 3 y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.
La operación bautizada como "Púnica" está siendo desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Madrid, Valencia, Murcia y León. Están previstas cerca de 51 órdenes de detención y las correspondientes ordenes de entrada y registro en domicilios y empresas.
Además hay ordenados 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
También se conocen 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos y 30 embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.
El juez Eloy Velasco investiga además la procedencia del dinero de una cuenta bancaria que tenía abierta Francisco Granados en Suiza. Velasco sospecha que los 1,5 millones ocultados por Granados, quien fue senador del PP y alcalde de Valdemoro (localidad de unos 72.000 habitantes situada al sur de Madrid) entre 1999 y 2003, tiene un origen ilícito fruto de comisiones recibidas de constructores por recalificaciones fraudulentas de terrenos y adjudicaciones de obras en la época en que fue primer edil de esta localidad.
La Fiscalía Anticorrupción informa que se trata de una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y Comunidades Autónoma de Madrid, Murcia, León y Valencia, en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas.
A la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, fraude contra la Administración y organización criminal.
