Tribunales
OPERACIÓN PÚNICA

Francisco Granados presenta una denuncia por detención ilegal

El conseguidor David Marjaliza también denuncia la misma situación en un juzgado de Colmenar por haber superado las 72 horas de detención antes de pasar a disposición judicial

MADRID, SPAIN - OCTOBER 27: Francisco Granados, former Popular Party senator and deputy first minister of Madrid leaves his house in a police car after being arrested along with dozens of other politicians accross Spain in an anti-fraud operation on Octob / Denis Doyle Getty Images

Madrid

El supuesto cabecilla de la Operación Púnica, el exconsejero de Aguirre, Francisco Granados, ha presentado una denuncia por detención ilegal en un juzgado de Majadahonda al entender que ha sido sobrepasado el plazo de 72 horas establecido por la ley para su puesta a disposición judicial. Con los mismos argumentos va a presentar también otra denuncia el otro responsable del supuesto entramado corrupto, David Marjaliza, pero en un juzgado de Colmenar Viejo.

Los abogados esgrimen la sentencia del Tribunal Constitucional 180/2011 de 21 de noviembre sobre el caso Malaya, que dio la razón a los afectados porque el juez instructor prorrogó la detención de los sospechosos.

Sin embargo, el juez Velasco defiende que su actuación en este caso ha sido correcta porque al contrario que en el caso Malaya, en este caso las detenciones han sido policiales y no judiciales, y ayer tarde, antes de que concluyera el plazo de 72 horas, comunicó a los detenidos mediante un auto que pasaban a disposición judicial con lo que arrancaba un nuevo plazo de 72 horas más.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el juzgado de Majadahonda ha pedido información al juez Velasco, y este le ha remitido el auto de detención judicial que ayer se notificó personalmente a Granados en las dependencias de la Guardia Civil.

La defensa de los supuestos responsables intentan dinamitar la causa, como sucedió con la supuesta mafia china de Gao Ping, pero fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional defienden que en esta ocasión han actuado conforme a derecho y no temen que las denuncias de los imputados tengan consecuencias.

 
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