Izquierda Unida apuesta por combatir la corrupción sin fecha de caducidad
El partido de Cayo Lara presenta casi medio centenar de medidas contra la corrupción
El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, durante su intervención ante el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha informado de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado la pasada semana en Bruselas. / Paco Campos (EFE)
Entre las propuestas detalladas por Cayo Lara y avanzadas por la Cadena Ser, figura un cambio legal para que los delitos económicos relacionados con la corrupción no prescriban. La coalición también plantea exigir responsabilidad económica subsidiaria a las instituciones financieras que permitan operaciones de blanqueo u ocultación de bienes y capitales.
IU quiere endurecer las penas contra la corrupción, combatirla sin fecha legal de caducidad y evitar que los responsables puedan reincidir. Para ello, la coalición ha elaborado un Plan Integral para la Regeneración Democrática y de Lucha contra la Corrupción que recoge una batería de casi medio centenar de medidas políticas, judiciales y económicas, que afectan a una decena de leyes. Entre ellas figura la modificación de la ley para que los delitos económicos vinculados a la corrupción no tengan fecha de prescripción, evitando así la impunidad legal en escándalos que han aflorado en la actualidad pero que se remontan a hace años. También propone ampliar a treinta años el plazo de inhabilitación para que los condenados por corrupción puedan ocupar cargos electos, de designación directa o por concurso público.
Entre las medidas económicas, el Plan incluye una propuesta para “castigar” a las entidades financieras que hagan la “vista gorda” ante casos de blanqueo de capitales. IU quiere que no les salga gratis mirar a otro lado mediante el establecimiento de responsabilidad económica subsidiaria para aquellas instituciones financieras cuya colaboración sea precisa para operaciones de blanqueo de capitales y ocultación de bienes y capitales en España o en el extranjero, incluidos paraísos fiscales.
Registros de recalificaciones de suelo y de tenedores de billetes de 500 euros
Las medidas propuestas por IU se detienen en el ámbito de las competencias urbanísticas como terreno de alto riesgo para la corrupción. Para combatirla proponen crear un Registro públicao de recalificaciones de suelo, que a partir de un cierto importe económico, los contratos de obras y servicios de larga duración, sea adoptados por el Pleno municipal y que Hacienda inspeccione sistemáticamente a los alcaldes y concejales de Urbanismo de los Ayuntamientos con más de 50.000 habitantes o que hayan adoptado importantes medidas urbanísticas.
Sueldo máximo para los cargos públicos y prohibición de regalos
En cuanto a los cargos públicos, IU exige que se establezca un sueldo máximo con baremos determinados en función de la responsabilidad tomando como referencia el salario mínimo interprofesional, así como la supresión de los planes de pensiones privados u otras prestaciones otorgados por el hecho de ser cargo público y sufragados con cargo a los presupuestos de cualquier institución pública. Además, IU quiere prohibir por ley la percepción de obsequios o invitaciones por parte de contratistas de la institución en la que trabaja el cargo público y que con carácter general se rechace cualquier obsequio con valor superior a los 200 euros. Regalos con cuantías inferiores a ese límite se incorporarán a un Registro Público.
También reclama poner coto a las "puertas giratorias", reformando la ley de incompatibilidades para restringir el paso de cargos ejecutivos a la empresa privada del mismo sector en el que había ejercido funciones políticas. Igualmente se exige la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para prohibir las donaciones a los partidos, por parte de empresas contratadas por las administraciones públicas, especialmente las provenientes de constructoras y promotoras.
Entre las medidas a adoptar en el ámbito de la justicia, se reclama poder establecer procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que estén imputados cargos públicos, a fin de acelerar la instrucción de esos casos.
El plan agrupa las propuestas contra la corrupción que la Izquierda Plural ha elaborado a lo largo de la legislatura e incorpora medidas en las que ha trabajado en las últimas semanas coincidiendo con el estallido de nuevos escándalos como el de las “tarjetas opacas” o la “Operación Púnica”
Todas estas medidas se han registrado como Proposición no de ley para su debate parlamentario. De este modo Izquierda Unida lleva al Congreso sus propias medidas después de que el PP haya rechazado la celebración de un pleno monográfico sobre corrupción y la comparecencia del presidente Mariano Rajoy en la cámara. IU considera que cualquier propuesta que pretenda mirar al futuro sin investigar el pasado y asumir responsabilidades carece de credibilidad y sólo busca una “ley de punto final” para que los casos de corrupción sigan bajo las alfombras.
