La jefa de los abogados del Estado era secretaria de Sacyr cuando la empresa pagó la supuesta comisión a Cospedal
La Abogacía del Estado no se persona en el caso de la Caja B del PP, a pesar de su “evidente interés” en la causa, según fuentes jurídicas. La jefa de los abogados del Estado es Marta Silva Lapuerta, sobrina del extesorero del PP imputado en el caso y ocupaba un alto cargo en Sacyr el año en el que sus directivos, también imputados, pagaron supuestamente 200.000 euros a Cospedal a cambio de las basuras de Toledo. Marta Silva afirma que se abstiene de cualquier decisión sobre el caso.
La jefa de los abogados del Estado, Marta Silva Lapuerta.(EFE)
Madrid
La Abogacía del Estado no se ha personado en la causa de la Caja B del PP, que investiga el juez Pablo Ruz, a pesar del “evidente interés del Estado” según fuentes jurídicas y abogados de la acusación consultados por la SER. Un interés fundamentado desde el arranque de la investigación, en marzo de 2013, cuando tanto el juez instructor como la Sala de lo Penal advirtieron de la posible existencia de delitos fiscales atribuidos al PP o a sus responsables por el cobro de sobresueldos y la recepción de donaciones ilegales, o más recientemente por los supuestos delitos fiscales derivados de la compra de la sede de La Rioja, de los pagos a Castilla La Mancha, y sobre todo, por los presuntos fraudes al fisco imputados al arquitecto Gonzalo Urquijo por la reforma en negro de la sede central del PP.
Sobrina del extesorero Lapuerta
Solo en la Audiencia Nacional hay 19 letrados del Estado, pero se trata de un cuerpo jerarquizado. No pueden tomar sus propias decisiones sobre la aceptación o renuncia a un caso sino que dependen "funcional y orgánicamente", según su reglamento, del Abogado General del Estado. Y este cargo lo ocupa desde primeros de enero de 2012, al poco de llegar Rajoy a La Moncloa, Marta Silva Lapuerta.
Silva Lapuerta es hija del ministro de Obras Públicas con Franco, Federico Silva, y de Rosario Lapuerta Quintero, hermana del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, imputado en el caso de la Caja B del Partido Popular. El mismo caso que no existe para su sobrina, la Abogada General del Estado.
Secretaria y jefa jurídica de Sacyr cuando supuestamente, pagó a Cospedal
Pero no es el único posible conflicto de intereses de Marta Silva en la causa. En 2007, cuando supuestamente la empresa Sacyr pagó una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña de Cospedal en Castilla-La Mancha, a cambio de un contrato de basuras en Toledo, Marta Silva era secretaria general y del consejo de administración de esta empresa, y directora general de su asesoría jurídica, según la documentación remitida por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Un cargo que compaginó con el de representante en la junta directiva del Real Madrid.
Tanto el actual presidente del consejo de Administración de Sacyr, Manuel Manrique, como quien fichó en 2003 a Marta Silva en la empresa, Luis del Rivero, están imputados en el caso de la Caja B por estos hechos. Además, la empresa aparece como supuesta donante de fondos al Partido Popular en los 'papeles de Bárcenas'. Entre 2004 y 2006 habría aportado a la contabilidad negra del PP un total de 480.000 euros.
Actuación "incomprensible"
Las fuentes jurídicas consultadas por la SER consideran “incomprensible” que la Abogacía del Estado no esté personada en este caso, cuando como es su obligación, reclama formar parte de prácticamente cualquier proceso en los que se investiga un fraude fiscal relevante. Además, sí que forma parte de la pieza principal del procedimiento o 'caso Gürtel', lo que a juicio de las mismas fuentes, debería haber provocado la inmediata personación en la pieza separada que investiga la Caja B del PP. La Abogacía del Estado entró a formar parte de la Gürtel en 2009, con Joaquín de Fuentes al frente del cargo. La pieza de la Caja B se abrió en 2013, ya con su sucesora Marta Silva en este puesto clave para la representación jurídica del Estado.
Marta Silva afirma que “se abstiene” de cualquier decisión sobre el caso
La Cadena SER ha intentado ponerse en contacto con Marta Silva. Su gabinete ha dirigido cualquier respuesta al Ministerio de Justicia, de quien depende la Abogada General del Estado. Desde el ministerio afirman que “desde que apareció la imputación contra Álvaro Lapuerta”, su sobrina “se abstuvo formal y materialmente” del caso. Aseveran que los abogados del Estado “no le dan cuenta sobre los hechos ni ella pide explicaciones” sobre esta investigación. Las mismas fuentes sostienen además que Marta Silva ha remitido “un escrito a la oficina de conflictos de intereses”, que depende del Ministerio de Hacienda, en la que deja constancia de la situación. Respecto a las causas por las que la Abogacía del Estado no se ha personado en el proceso de la Caja B, estas fuentes concluyen que Hacienda todavía no ha determinado la existencia de un delito fiscal. Una condición necesaria para iniciar la acción judicial. No obstante, otras fuentes consultadas por la SER insisten en que los posibles fraudes al fisco se están investigando desde el inicio del caso, y que en este momento Hacienda ya ha detectado un fraude claro contra el arquitecto que ejecutó las obras de la sede del PP.
