Una redada anticorrupción por presuntos favores de funcionarios a cambio de mordidas deja ya 32 detenidos

Madrid

Hay 32 órdenes de detención firmadas por la juez Mercedes Alaya. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo una operación en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y las Palmas de Gran Canaria contra la corrupción en la Administración Pública a nivel funcionarial. Se investiga si funcionarios públicos han dado trato de favor en la adjudicación de concursos a determinadas empresas a cambio de mordidas.

Esta trama organizada había logrado infiltrarse en numerosos organismos de distintas Administraciones Públicas con la ayuda de funcionarios y responsables públicos. Además de los 30 detenidos se espera el mismo número de imputaciones. Según fuentes de la investigación los detenidos son funcionarios de Adif o del Servicio de Carreteras que presuntamente modificaban los pliegos de las condiciones de los contratos o inflaban la facturación por encima del importe real. Se les imputa los presuntos delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Se trata de la operación Enredadera, la tercera fase de la operación Madeja, que está dirigida por la jueza Mercedes Alaya, y en la que se investiga si funcionarios públicos han dado trato de favor o modificado contratos para adjudicar concursos a determinadas empresas a cambio de mordidas.

Por el momento, la UCO está haciendo registros en una veintena de ayuntamientos, entre ellos el ayuntamiento de La Carolina (Jaén). Además, ha sido detenido Carlos Podio, el encargado de dirigir el departamento del área de cohesión territorial de la Diputación de Sevilla. 

Fuentes de la operación aseguran que ya hay 32 detenidos en varias provincias andaluzas, entre ellos el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín.

Asimismo, la jueza Mercedes Alaya ha citado a declarar como imputado al exconcejal del PP Joaquín Peña, que ocupaba el cargo de director de Área de Medio Ambiente en el ayuntamiento de Sevilla. También están citados a declarar como imputados, de nuevo, los empresarios de Fitonovo.

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La operación Madeja la está llevando a cabo la misma unidad de la UCO que llevó a cabo la operación Púnica. De hecho es una operación policial que lucha también contra la corrupción en las administraciones públicas aunque en este caso a nivel funcionarial.

Operación Madeja

Según la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esta fase de explotación es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de MERCASEVILLA SA, donde quedo evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 Director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Esta macrocausa ha estado casi año y medio declarada secreta. Comenzó a raíz de la investigación sobre el incremento patrimonial de Domingo Enrique Castaño, exasesor del exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. Castaño está en libertad bajo fianza de 60.000 euros. También está en libertad bajo fianza de 150.000 euros Francisco Amores, exjefe del servicio del área de medio ambiente del ayuntamiento hispalense y Luis Huertas, responsable del mantenimiento del parque de María Luisa en Sevilla.

Entre las empresas investigadas Fitonovo y Fiverde cuyos dueños están imputados. Jose Antonio González Baro salió de la cárcel después de pagar una fianza de 250.000 euros. Fitonovo supuestamente disponía de contabilidad B en la que aparecerían los presuntos pagos de comisiones ilegales a los funcionarios del ayuntamiento a cambio de favores en la adjudicación de los contratos. Esta contabilidad oculta incluye pagos realizados desde el año 2003 con los nombres y las iniciales de los supuestos perceptores de esas mordidas.

Según la UCO, Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contratos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

En la primera fase de la operación el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo admitió haber entregado a Domingo Enrique Castaño 30.000 euros y su hijo Gonzalez Baró declaró que pagó una comisión de 70.000 euros a cierta persona de IU antes de las elecciones. Entre marzo y abril de 2009 el ayuntamiento de Sevilla adjudicó obras a Fitonovo por valor de 8 millones de euros. Fue la segunda empresa más beneficiada por el plan B. La jueza Mercedes Alaya ha decretado prisión bajo fianza para el exdirector comercial de la empresa Fitonovo, la mayor beneficiada por esta nueva trama de mordidas y contratos.

Fitonovo también fue la adjudicataria de las obras de reforma del campo de fútbol de la Carolina, gobernado por el PP. Según González Baró, pagó una mordida de entre 15.000 y 20.000 euros. La jueza Alaya dice que Fitonovo pagó también comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Algeciras, en la anterior legislatura, por la construcción de un polideportivo y un aparcamiento.

En Huelva, en la Palma del Condado, gobernado por el PP, la empresa supuestamente repartió mordidas por las obras de la piscina municipal.