La Sala de lo Penal del Supremo ha acordado abrir una causa contra los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra los parlamentarios nacionales del PSOE y ex consejeros de la Junta andaluza José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, por el fraude de los ERE. El alto tribunal ha aceptado la división de la causa propuesta por el fiscal por lo que solo investigará, en su caso, la posible responsabilidad penal de los cinco aforados nacionales señalados en la exposición elevada por la juez Alaya. En su auto, el Supremo detalla que “indiciariamente desde el año 2000 y durante doce años, desde la Junta de Andalucía y en concreto desde la Consejería de empleo se organizó un sistema de ayudas a empresas y ayudas directas a los trabajadores, que permitía disponer de importantes cantidades de dinero, ascendentes a 885 millones de euros, para hacer efectivos pagos de ayudas sin sujetarse al procedimiento y a los controles propios de las subvenciones”. Aun así, el magistrado instructor de esta investigación, Alberto Jorge Barreiro, podría aceptar en el futuro según se desarrolle la investigación, que el abanico de investigados se amplíe a los otros imputados por la juez Alaya que son parlamentarios autonómicos y a quienes la fiscalía proponía que fueran investigados por el TSJ de Andalucía. El informe de la fiscalía sobre la causa de los ERE remitida por la juez Mercedes Alaya a la Sala segunda del Tribunal Supremo el pasado mes de agosto considera que el alto tribunal es competente para asumir la investigación que implica a los aforados nacionales, los expresidentes Manuel Chavesy Jose Antonio Griñan, asi como a los diputados Gaspar Zarrias y Jose Antonio Viera y se muestra partidaria de remitir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la parte que afecta a los diputados autonomicos Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Manuel Recio .El resto de imputados cercano a los doscientos , según el informe de la fiscalía debería enviarse a Sevilla para que continúe allí la instrucción por la juez Alaya. El dictamen de la fiscalía mantiene la misma línea que la expuesta desde hace tiempo por Anticorrupción para que una causa tan voluminosa se pueda dividir en piezas separadas «que la hacen más gobernable» de cara a la celebración en el menor tiempo posible de los futuros juicios. Después de que la sala de admisión del tribunal supremo formada por el presidente Manuel Marchena y los magistrados José Manuel Maza y Miguel Colmenero se han declarado competentes para instruir y , en su caso, enjuiciar a los cinco aforados, han nombrado también un magistrado instructor para la investigación que tomará declaración como imputados a los cinco aforados, ya sea voluntariamente o mediante una citación judicial y practicará las diligencias que sean necesarias para valorar jurídicamente si existe responsabilidad penal en la conducta de los investigados. Una vez que finalice sus investigaciones, el magistrado decidirá si imputa la comisión de un delito a los aforados y propondrá su enjuiciamiento o el archivo.