La justicia obliga a investigar la muerte de 9 toros en el rodaje de ‘Blancanieves’
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena que la Comunidad de Madrid investigue la muerte de varios toros durante el rodaje
Una corrida durante la temporada grande en la Plaza de Toros de Ciudad de México. / Mario Guzman (EFE)
Madrid
La justicia no valora si los animales fueron maltratados o no, pero considera que la Comunidad de Madrid debe investigarlo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Comunidad a iniciar, tramitar y resolver un expediente sancionador sobre la muerte de nueve novillos, supuestamente sin autorización, durante el rodaje de la película ‘Blancanieves’, hechos denunciado por la asociación Estrategia Animalista. El film, dirigido por Pablo Berger, ganó diez premios en la última edición de los premios Goya.
La plataforma que se encargó de denunciarlo fue la Asociación Estrategia Animalista, más conocida como La Tortura No Es Cultura que en su día denunciaron la filmación de imágenes que supusieron la tortura y muerte de nueve novillos de raza de lidia sin la correspondiente autorización para realizar un espectáculo público de festejo taurino, contando únicamente con permisos para dos lidias a “puerta cerrada”, como constató el Colegio de Veterinarios de Madrid. La asociación pone sobre la mesa dos normas: según la Ley 1/1990 de 1 de febrero de Protección de los Animales Domésticos, es infracción muy grave “la filmación de escenas con animales para cine o televisión que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento cuando éstos no sean simulados", y según la 32/2007 lo es “utilizar animales en producciones cinematográficas, televisivas, artísticas o publicitarias, incluso con permiso de la autoridad competente, cuando se produzca la muerte de los mismos", han explicado.
Las imágenes capturadas, aseguran sus responsables, demuestran que durante el rodaje de la película se torturó y mató a los nueve animales. Por ello, consideran que esta sentencia es “histórica” y supone “un paso adelante en la defensa de los animales, más aún cuando es la propia administración competente para aplicar las leyes de protección animal la que omite la aplicación de éstas”.
Ahora la Comunidad deberá investigar los hechos y decidir si todo se hizo de forma legal. Es la respuesta de la justicia madrileña a un recurso de los denunciantes, después de que tanto la administración como un juzgado de lo contencioso administrativo de la capital rechazaran legitimar a la asociación para hacer este tipo de reclamación. Para los magistrados, la administración y el juzgado contencioso “no han justificado suficientemente la decisión de archivar la denuncia”.
Deciden los jueces que “lo único que cabe acordar ahora es que la Comunidad de Madrid dé inicio al expediente sancionador y que tenga a la apelante por parte interesada en el mismo”, pero también recuerda que no se pronuncia sobre el fondo del asunto: “La Sala no declara probados los hechos denunciados, ni tampoco condena a la Dirección General de Medio Ambiente a resolver el expediente sancionador” en determinado sentido.
